Alvarez de Miranda hizo estas puntualizaciones durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para el Defensor del Pueblo, donde respondió a una pregunta del PSOE sobre los planes de vivienda del Gobierno y las quejas que ha recibido sobre ete proyecto.

El Defensor del Pueblo, que aseguró desconocer por qué se ha difundido su supuesto apoyo a la despenalización de la "okupación", explicó que este fenómeno le ha preocupado como tantos otros, y añadió que lo que ha afirmado en los casos de desalojos de viviendas "es que la autoridad pública parece que se ha excedido en el cumplimiento del deber del desalojo".

"Debo reiterar que desde el Defensor del Pueblo no se ha pedido nunca, en ninguna ocasión, la despenalización de la ocupación d los bienes inmuebles", sentenció.

Agregó que lo que sí ha hecho esta institución es transmitir al Ministerio de Justicia el planteamiento realizado por el Colegio de Abogados de Barcelona sobre el fenómeno de la ocupación, que plantea la necesidad de dilucidar sobre cuál es la jurisdicción más adecuada para actuar en estos casos, si la civil o la penal.

Tras insisitir en que no ha solicitado la despenalización de la ocupación, señaló "la necesidad de regular de una forma adecuada este tipo de heho, con el fin de coordinar el derecho que tienen todos los ciudadanos de disfrutar de una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada, ambos reconocidos en nuestro sistema constitucional".

REVISION DE CREDITOS

En cuanto a la pregunta del PSOE sobre la ejecución del plan de vivienda del Gobierno y las quejas que ha recibido sobre este proyecto, Alvarez de Miranda destacó como principal preocupación de los ciudadanos la rigidez en la revisión de los tipos de interés de los préstamos cualificads, por imposición de la normativa reguladora de los propios planes.

El Defensor del Pueblo recordó que ha recomendado al Gobierno la necesidad de adoptar medidas para que los tipos de interés de los préstamos cualificados convenidos hasta 1997 se adecuen con rapidez a la nueva conyuntura financiera, "de tipos sensiblemente más bajos que los existentes en el momento de la firma de los convenios entre el Estado y las entidades financieras".

Otra queja, según Alvarez de Miranda, es el retraso de lospagos de las subvenciones personales para la adquisición de vivienda, y añadió que éstas ayudas quedan suprimidas en el Plan de Vivienda 1998-2001.

Sobre la vivienda de protección pública, el Defensor del Pueblo resaltó el malestar de los ciudadanos por el sobreprecio exigido por algunos promotores privados en la venta de viviendas protegidas, las deficiencias en la construcción, los retrasos de los programas de realojo de la población marginada y los problemas observados en la gestión de viviendas po parte del Instituto Municipal de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que, según dijo, suponen el 90% de las quejas de los ciudadanos.