Así se pronunció en la rueda de prensa posterior a la entrega del Informe del Defensor del Pueblo 2021 a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en el Congreso de los Diputados.

“Que sean conscientes de que no están llamados a un juicio. No somos un tribunal. No somos tampoco una tercera cámara. Tampoco vamos a sacar conclusiones del alcance penal de las acciones que se han podido realizar”, apostilló, llamando a la “confianza” de quienes sean convocados. No obstante, aseguró también que “si alguien no quiere declarar también dice cosas”.

“Ya veremos qué tipo de autoridad hace falta para llamar a una persona a declarar”, advirtió, aunque matizó que en su opinión “la autoridad moral es la mejor” y que supone que Defensor y CEE coinciden en la búsqueda de “la verdad”.

Aunque la citada comisión sobre los abusos en la Iglesia no está recogida en el informe al haberse producido este año, Gabilondo dedicó buena parte de su intervención a avanzar algunas cuestiones relativas a ella, como que le gustaría que estuviese constituida “sin pérdida de tiempo” antes de Semana Santa y que incluyese perfiles de las personas y profesionales como asociaciones de víctimas, psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, “algún” abogado del Estado y alto funcionario, expertos en Derecho Canónico, criminólogos, y “algún representante de la Iglesia católica”. “Haremos porque estén este tipo de personas e instituciones, siempre y cuando quieran estar”, dijo.

INSTITUCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Durante su intervención, subrayó que la investigación responde a la petición del Congreso de los Diputados, con el apoyo de más de un 80% de los parlamentarios y que además la institución puede estudiar este tipo de abusos porque como “la institución nacional de derechos humanos” está preocupada por los derechos de la infancia. “No está en la ley ni en la Constitución, pero lo somos”, subrayó.

El defensor del Pueblo informará periódicamente al Congreso y además tendrá que elaborar un informe “sobre denuncias de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia española y el papel de los poderes públicos” con “recomendaciones y conclusiones”, señaló.

Según expuso, la comisión que encabezará tiene los objetivos de “contribuir a la determinación de los hechos y las responsabilidades”; “la reparación de las víctimas” y “la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes”.

“Una vez constituida, con su asesoramiento habrá que establecer un método de trabajo, ver qué medios requerimos para hacer bien el trabajo y preservar la voluntad de las víctimas”, agregó, en referencia a si éstas quieren intimidad o no. Finalmente, la comisión observará “qué han hecho otros países” en esta materia.