El Ejecutivo mantiene la negociación con todos los grupos parlamentarios para intentar asegurar la convalidación de ese decreto, dado que los grupos nacionalistas condicionan su apoyo a la aceptación por parte del Gobierno de una investigación parlamentaria sobre las escuchas a líderes independentistas con el programa Pegasus.

Por parte del PP, la condición es que el Gobierno acepte algunas de sus propuestas, lo que podría hacer en el trámite parlamentario del proyecto de ley. Eso mismo han solicitado otros grupos en la ronda mantenida por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Según el procedimiento parlamentario, una vez convalidado el decreto, se vota su tramitación como proyecto de ley con carácter urgente, lo que reduce considerablemente los plazos, a pesar de lo cual se pueden introducir enmiendas. No obstante, si llegara el 30 de junio, fecha en la que concluyen las principales medidas del decreto, sin que se hubiera aprobado la nueva ley, las medidas decaerían y habría que esperar a las nuevas.

Con este gesto, el Ejecutivo ha cedido finalmente a las pretensiones de algunos partidos, entre ellos el PP, para poder incluir medidas en la tramitación parlamentaria, aspecto que el Gobierno evitaba argumentando que las medidas del plan son, en su mayoría, para tres meses y expiran el 30 de junio.

Además, desde La Moncloa sostenían que, si fuera necesario prorrogar esas medidas iniciales, seguramente se haría sin problema aunque se mostraban seguros de que, de continuar el conflicto bélico, la situación obligaría a modificar las medidas.

MONTERO PIDE DISCRECIÓN AL PP

El Gobierno trasladó a los grupos parlamentarios esta disposición, especialmente al Partido Popular. En este caso, lo hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la interlocución que mantuvo con el consejero andaluz y nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, al que avanzó por carta esta disposición después de afearle que hiciera pública la carta que él le remitió por la mañana.

En su misiva de respuesta, la ministra asegura que confía en que “esto no afectará a la intención honesta que nos manifestamos ayer" para llegar a acuerdos porque, en su caso, ha “mantenido la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación, sobre la conversación que mantuvimos y su contenido”. “En cualquier caso, entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta”, traslada Montero.

En la carta facilitada a los periodistas, Montero recuerda a Bravo que el Gobierno tiene “toda la disposición” para "tratar sobre todos los asuntos y llegar a acuerdos que puedan ser buenos para el interés general”.

“Este Gobierno está convencido de que un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política y , por tanto, mostrar la utilidad de la representación que nos han otorgado los ciudadanos”.

Así, le reitera que “el Gobierno sigue con la mano tendida al Partido Popular, como viene haciendo desde el inicio de la Legislatura, para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país”.