Justicia

El decano de los abogados madrileños defiende su coloquio con Irene Montero tras las “reacciones” entre los letrados

MADRID
SERVIMEDIA

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, defiende que este jueves invitara a un coloquio a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de que este acto haya suscitado “reacciones, comentarios e interpretaciones” entre los letrados.

A través de un comunicado, Alonso se refirió a que el ICAM, “consciente de la pluralidad social y distintas sensibilidades, invita a sus foros de encuentro a cuantas personas puedan ofrecer un interés para la profesión por razón de su papel en la sociedad civil o en los poderes públicos”.

El decano argumenta que el Ministerio de Igualdad “tiene atribuidas competencias en materia de igualdad, conciliación, lucha contra la violencia de género o contra la trata, entre otras, que afectan a elementos nucleares” del trabajo de abogados.

Alonso da estas explicaciones después de que los medios informativos se hayan hecho eco de que Montero, durante su intervención este jueves en el Foro de Justicia del ICAM, afirmase que en España existe una Justicia “patriarcal”. El decano de los abogados madrileños negó este extremo y sostuvo que lo que debe existir es una “Justicia independiente”.

NO “PERTURBAR”

A este respecto, en el comunicado de este viernes Alonso explica que “la Abogacía está implicada al máximo en la consecución de la igualdad de oportunidades y en la conciliación familiar efectiva, proyectando todos nuestros esfuerzos institucionales y profesionales hacia esa consecución”.

También se refiere a que podía afirmar “con contundencia” que “en España la Justicia está situada en los mejores estándares de independencia e imparcialidad dentro de la escena internacional”.

Respecto a las valoraciones políticas de las sentencias judiciales, el decano apuntó que “no resulta aceptable la crítica a informes jurídicos emitidos por organismos públicos que no estén basadas en estrictos criterios técnicos, sino en descalificaciones generales al abrigo de pretendidos sesgos”.

“La opinión pública”, continúa, “que se genera ante un hecho o controversia judicial, obviamente libre en su expresión dentro de los límites que establece la ley, no puede convertirse en un elemento más del enjuiciamiento. Las lecturas y prismas políticos, por legítimos que sean, no pueden perturbar la recta y serena aplicación del derecho por los tribunales”.

(SERVIMEDIA)
21 Ene 2022
NBC/gja