Según Granados, "a los afectados no se les puede volver a decir que confíen en la justicia que ha retrasado ya el proceso durante más de una década".

El Consejo de Ministros podría anunciar una resolución definitiva tras la reunión de mañana vierneso de la próxima semana.

Granados, que criticó la sentencia que en 1990 dictó la Audiencia de Valencia por dejar fuera de las indemnizaciones a 19.000 damnificados, señaló que "entonces no fue una trampa del Gobienro, ya que la justicia es la que debe decir si hay o no resposnabilidades y luego el Gobierno actuar subisdiariamente".

A su juicio, "ha habido un exceso de celo formal y se ha impedido llegar hasta el fondo de las cuestiones, algo que el pueblo no puede entender ni compartir".

El dlegado del Gobierno aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar un llamamiento a la calma y la serenidad a los habitantes de la Ribera.

Las reacciones de los damnificados al anuncio del pago de los más de diez mil millones de pesetas que les adeuda el Estado, se plasmarán en una asamblea el próximo martes tal y como anunció el miércoles por la noche el presidente de la Asociación de Afectados AFIVA, Xavier Sierra.

Sin embargo, Vicente Frigols, alcalde de Antella, una delas poblaciones más afectadas, adelantó su satisfacción, al tiempo que se mostró cauteloso ante la posibilidad de un nuevo retraso en el cobro. "Esperamos", dijo, "que no sean sólo buenas intenciones nada más".

Las relaciones políticas tampoco se han hecho esperar y nada más conocerse el anuncio realizado por Francisco Granados, el Partido Popular señaló que se trata "de una maniobra que responde a la presión social y al miedo a la pérdida de votos en las próximas elecciones".