Comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la que fue hasta hace pocas semanas consejera delegada de New Balance en España, Anna Scheidgen, y su hija Ángela Scheidgen, ahora CEO y anteriormente directora de operaciones.

Ambas lo hicieron en calidad de imputadas, después de que fuera admitida a trámite la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet presentaron contra la sociedad estadounidense New Balance, sus filiales y sus cuadros directivos en España.

Otro de los que estaba citado en el juzgado era Paul Guaron, el vicepresidente de New Balance global, cuya sede está en Boston, cuyos letrados solicitaron que su declaración se hiciese por videoconferencia.

Se acusa a los querellados de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito contra el mercado por abuso de posición dominante.

En la vista, tras escuchar a las partes, de notificar la querella y de leer los derechos a los imputados, el juez decidió aplazar las diligencias para profundizar en ellas y delimitar jurídicamente los delitos a investigar.

"TRAICIONADAS"

Tal y como relata la querella, estas dos empresas, que desde 2016 se han encargado de promocionar la marca New Balance y de promover la creación de decenas de tiendas de estos productos deportivos en España y Portugal, se sienten "traicionadas y sometidas a presiones" para que vendan a precio reducido la estructura comercial a favor del gigante norteamericano.

La querella recoge correos entre la cúpula de New Balance y las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet (ambas con sede social en Madrid) donde se comentaba que el contrato, que les unía desde 2016 y que finalizaba en 2021, se prorrogaría hasta el 2026.

Los beneficios económicos de la red comercial desplegada por Experience Store S.L y Experience Store Outlet se han ido multiplicando de forma exponencial. La empresa norteamericana optó por dejar de suministrar productos e infraestructura a estos distribuidores comerciales para causarles un ahogo económico que les obligase a venderles esa red de distribución comercial a un precio menor.

La querella recoge la estrategia de New Balance y, en concreto, de Anna Scheidgen y su hija, la directora de operaciones, Ángela Scheidgen (ambas citadas como investigadas el día 18 de marzo) quienes bajo la propuesta de comprar a precio de mercado la red comercial de Experience y valiéndose de sus propietarios, accedieron a los datos confidenciales de las dos sociedades.

Esta acción les permitió tener información privilegiada sobre los números de las dos empresas, sobre los clientes y sobre los planes de desarrollo. Experience facilitó dicha información en el marco de las negociaciones para la eventual venta, sin pensar que todo era una decisión de los dirigentes de New Balance.

La idea era subyugar económicamente a las dos sociedades madrileñas y así obligarlas a desprenderse de su estructura, que incluye decenas de tiendas y una cartera comercial que ha situado el valor de las dos sociedades en unos 30 millones de euros. El grupo Experience da trabajo a más de 250 personas.

INVERSIONES INTERRUMPIDAS

Desde 2016, y de forma 'in crescendo', la proyección de negocio para New Balance desde que Experience Store S.L y Experience Store Outlet trabajan de su mano ha crecido. De hecho, en plena crisis económica y del covid, estas dos empresas madrileñas, al albor del contrato que les vinculaba con New Balance, han creado una veintena de tiendas en las que se distribuían los productos.

Además, han iniciado los contactos e inversiones necesarios para, atendiendo al compromiso de renovación de contrato 2026, ampliar esa red comercial con la adquisición de hasta 15 nuevas tiendas en España y Portugal.

De momento, New Balance, ha vetado el suministro de productos lo que deja a Experience Store S.L y Experience Store Outlet en una situación de bloqueo que les puede abocar a un concurso de acreedores. De momento, las tiendas están cerradas. El juez y la Fiscalía tienen ahora la palabra.