Calvo rechazó la solicitud que le hicieron hoy en este sentido la consejera castellanoleonesa de Cultura, Silvia Clemente, y el alcalde salmantino, Julián Lanzarote, durante la reunión del pleno del Patronato del Archivo de la Guerra Civil.

La titular de Cultura dijo en posterior rueda de prensa que la decisión de restituir los legajos incautados a la Generalitat catalana por el Franquismo es fruto de una ley respalda por todo el Parlamento, salvo el PP, y no es posible plantear ahora su demora. "Si se paralizara una ley cada vez que se recurre, este país no funcionaría", señaló.

La ministra aseguró que el Gobierno cumplirá esa norma y procederá a la devolución de los papeles a la Generalitat antes del límite de tres meses marcado en el texto, que expira el 14 de febrero.

Informó de que el traslado será posible a partir del día 18 de este mes, cuando la Comisión Permanente del Patronato determinará los documentos concretos que un equipo de cuatro archiveros va a decidir que son los que tienen que devolverse a Cataluña.

TRASLADO

Cuando esos documentos estén decididos, viajarán por carretera a Madrid, al Archivo General, de donde partirán a Barcelona en la forma en que acuerden las Administraciones central y catalana.

Calvo manifestó que su departamento pedirá las licencias municipales oportunas al consistorio salmantino para efectuar el traslado, que será "comunicado" también a la Junta, y espera que no encuentre ningún obstáculo, porque las leyes están para cumplirse.

En opinión de la ministra, la controversia que ha rodeado la devolución de los papeles es resultado en gran medida de la política "fácil y gratuita" que han querido hacer quienes no quieren ver que el Gobierno se limita a devolver unos papeles que fueron sustraídos en su momento con fines represivos y que el Archivo de Salamanca seguirá con el mismo material que ahora, pero con copias de los originales devueltos a Cataluña.

Calvo recordó que, además del traslado, la ley aprobada por el Congreso prevé la creación de un Centro Nacional de la Memoria, que estará en Salamanca, y que significará el refuerzo del Archivo y la duplicación de su actual plantilla, hasta alcanzar los 60 trabajadores.

"UNA PANTOMIMA"

Tras la reunión del patronato, celebrada en la sede de Cultura y que duró tres horas, la consejera de Castilla y León y el alcalde de Salamanca se expresaron en términos muy duros contra la insistencia del Ejecutivo en la devolución de los papeles y sin siquiera aguardar al fallo del Constitucional.

Julián Lanzarote dijo que por culpa de un presidente de Gobierno y un Ejecutivo "débil" sometido a las exigencias de los nacionalistas catalanes, Carmen Calvo va a pasar a la historia de este país como la ministra de Cultura "que se cargó la cultura de España" y que convirtió el Archivo de la Guerra Civil en un "cadáver" y en un "vulgar centro de fotocopias", en lo que representa "el mayor expolio cultural de Europa".

Preguntado si su ayuntamiento promoverá una manifestación para el día que se produzca el traslado, Lanzarote comentó que hará lo que le pidan los salmantinos, pero que su idea es trabajar por el retorno de los papeles a su cuidad a partir del minuto siguiente a la salida física de los legajos.

La consejera de Cultura afirmó que su Ejecutivo, tras la apelación ante el Constitucional, da por agotadas todas las vías jurídicas y ahora sólo le corresponde esperar a la aplicación de la ley.

Clemente lamentó que Calvo no haya querido esperar hasta el pronunciamiento del TC sobre el "expolio" y reprochó a la ministra que haya convocado hoy al patronato para la "escenificación de una pantomima", ya que este órgano no podía decir "no" a una ley aprobada hace meses en el Congreso.