Según informó Cultura, España contaba en 2011 con un sistema de comprensión equitativa equiparable al que existe en los países de su entorno, y que se concreta en pequeñas cantidades que graban los equipos, aparatos y soportes de reproducción.

Sin embargo, el 30 de diciembre de 2011 se aprobó un real decreto a través del cual se suprimió la compensación equitativa por copia privada sustituyéndola por un pago a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo procedimiento se desarrolló en otro real decreto.

La Comisión Europea abrió un procedimiento contra España por ese cambio normativo, el cual fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, por oponerse al derecho europeo, puesto que el pago con cargo a los PGE no era sufragado por quienes pueden realizar copias para su uso privado, sino por todos los contribuyentes.

En 2017 las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en representación de sus socios, interpusieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado por haber dejado de percibir la compensación equitativa correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017.

El Tribunal Supremo falló estimatoriamente cinco de los recursos contencioso-administrativos interpuestos, ascendiendo el pago, por razón de responsabilidad patrimonial del Estado, a un total de 44.006.587 euros.