En concreto, según indica Ciudadanos en una nota, se trata de la campaña de ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades de restauración afectadas económicamente por la covid-19 y la Generalitat catalana ha establecido como condición cumplir el requisito de la Ley de Política Lingüística de 1988 que exige a las empresas atender a los consumidores en catalán cuando se expresen en esta lengua.

“Es intolerable que los restauradores catalanes, que han sufrido miles de millones de euros en pérdidas y el cierre de miles de establecimientos por la covid-19 y por decisiones políticas de la Generalitat, tengan que soportar ahora también que la Generalitat les imponga condiciones ilegales para recibir ayudas públicas. Estamos superando la pandemia, pero el separatismo excluyente continúa”, alertó Cañas.

Cañas denunció en una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario que la “exigencia de disponibilidad lingüística” que pone como requisito la Generalitat fue interpretada como “inconstitucional y no aplicable a las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público” por el Tribunal Constitucional en dos sentencias.

Además, comentó que esta “exigencia” se suma a la “vulneración sistemática” por parte del Gobierno regional de los derechos de los catalanes castellanoparlantes “amparados por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Por ello, Cañas reclamó a la Comisión que abra un procedimiento de investigación de la normativa catalana por vulnerar el principio de no discriminación en el mercado único y suponer una práctica discriminatoria y anticompetitiva a la luz de la normativa europea.