"Empieza a existir un cierto clima de escándalo en relación a la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial con la vinculada al ámbito urbanístico", señala el estudio.

El coordinador del informe, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, señaló que la corrupción "no es alta" en España, pero está empeorando la consideración sobre el alcance de este problema, debido a que su presencia en el ámbito urbanístico es "preocupante", como demuestra el hecho de que hay abiertos más de 130 casos abiertos de imputaciones judiciales.

Villoria dijo que la pasada legislatura de mandato socialista fue "bastante positiva" en lo que se refiere a a aprobación de normas y códigos de lucha contra la corrupción, entre los que mencionó la Ley del Suelo o el Código Etico de los Empleados Públicos. "El Gobierno está preocupado por la corrupción y está poniendo medios para combatirla plenamente", subraya el informe.

Sin embargo, según este experto, "nuestro país tiene cierta tendencia a elaborar normas, pero a preocuparse menos por su ejecución". Puso como ejemplo la Ley de Conflictos de Intereses e Incompatibilidades de Altos Cargos, que es una norma "bien construida", pero que se deja en manos de un organismo no independiente, como el Ministerio de Administraciones Públicas, y se devalúa así su potestad de control.

El informe subraya que la ciudadanía española no es, en contra de lo que podría esperarse, muy crítica con el actual Gobierno en lo que se refiere a la corrupción. De hecho, España es uno de los tres países de Europa donde los ciudadanos dan una puntuación más alta al Gobierno en sus actividades de lucha contra la corrupción. "El Gobierno ha reaccionado y ello ha tenido su impacto. No obstante, todavía cerca del 60% están insatisfechos con la respuesta gubernamental", indica el informe.

SERVICIOS PÚBLICOS SALPICADOS

Un 63% de los encuestados en el informe considera a los partidos bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 41% considera lo mismo a los legislativos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación.

En cuanto a los servicios públicos en general, el 40% considera bastante corrupto o muy corrupto al sistema legal y al poder judicial, el 29% a la policía, el 47% a los servicios de registros y permisos, el 29% a los servicios públicos telefónicos, de gas y electricidad y el 37% a la recaudación de impuestos.

En la rueda de prensa, el patrono de la fundación Ortega y Gasset Antonio Garrigues Walker aseguró que, ahora que el crecimiento económico es menor, todo apunta a que "las tendencias hacia la corrupción van a ser mayores".

Por otra parte, Transparency International presentó un avance de un informe sobre la corrupción en los ayuntamientos, en el que señala que son las áreas economico-financiera y de urbanismo las que publican menos información.

También concluye que los ayuntamientos de menos población no resultan ser necesariamente los menos transparentes, sino que en algunos casos obtienen mejores resultados que los municipios más habitados.