El ICAM viene denunciando desde hace meses, a través de una campaña que ha logrado más de 4.000 adhesiones, que “la realidad de los profesionales de la abogacía en los juzgados demuestra que son el único operador jurídico sin derecho real a la conciliación: sometidos a unos plazos improrrogables, con independencia de la situación personal en la que se encuentren".

Por ello, celebró que el nuevo real decreto permita la interrupción de plazos “por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la seguridad social o sistema sanitario o de previsión social equivalente”, según explicita la nueva norma.

Según informó el decano de la Abogacía madrileña, Eugenio Ribón: “a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil ya contempla determinados supuestos de fuerza mayor para que los abogados puedan solicitar la suspensión de procedimientos, la realidad es que se ha mostrado realmente ineficaz para amparar el derecho de conciliación de nuestros colegiados”.

“Era necesario que se introdujesen las reformas necesarias para que la norma no dejara margen de interpretación, contemplando todos los supuestos para garantice realmente el derecho a la conciliación de los abogados/as”, apuntó el decano de la Abogacía y añadió que el servicio ‘112 Abogacía’ funcionará en el ICAM a partir del 30 de junio.

Ribón aseguró así que “la falta de derecho de conciliación para los profesionales no solo es malo para nosotros, sino también para nuestros clientes que tienen derecho a la mejor defensa posible”, añadió el decano.