Según Salgado, la revisión de las tarifas postales que Correos acaba de proponer ante la Junta Superior de Precios, un 3,5 por cien de media, "son sólo de transición", ya que su departamento trabaja en un nuevo modelo de finciación del servicio universal en el que el Estado asuma un compromiso de financiación del déficit a cambio de unos baremos de calidad y eficacia en el servicio.

Con esta revisión, añadió, el precio de algunos servicio postales de Correos sigue estando muy por debajo de sus costes reales, "pero en un servicio universal como este no se puede repercutir en precios ese desfase y la única alternativa es la subvención cruzada, o el compromiso financiero del Estado a cambio de un baremo de calidad, que puede recogerse en un contrato-programa".

La responsable de Comunicaciones señaló que ese es el modelo de financiación del servicio postal al que se dirige el organismo autónomo, y que de hecho, la Ley Postal sentará las bses de cómo deben regularse las relaciones de Correos y el Estado.

Elena Salgado señaló que el caso de Correos no puede homologarse al de Telefónica, ya que en esta empresa el problema era que las llamadas más voluminosas están siendo subvencionadas por las de meos tráfico. "En el servicio público postal español", agregó, "el 70 por cien de los efectivos se emplea en la distribución del 12 por cien de los envíos (correo rural, etc) y esto es algo muy caro".

También dijo que el organísmo autónomo onseguirá una fuerte reducción de su déficit en 1994, situándolo a finales de año en torno a los 28.000 millones de pesetas, debido a las mejoras en la gestión y la agresiva estrategia comercial del servicio.

"Estamos tocando suelo", precisó Salgado, "en cuanto a las pérdidas del servicio postal público, y se calcula que aún puede reducrise algo más en 1995 hasta dejar situado su déficit estructural o crónico en torno a los 23.000 millones".

Según explicó, esa podría ser la cantidad sobre la que robablemente se trabajará en los próximos meses para cifrar la cuantía de las aportaciones que el Estado debería hacer a Correos a través de un contrato-programa.

Además, la futura Ley Postal en la que trabaja Comunicaciones recogerá las condiciones que deberán reunir los operadores privados del sector para poder competir con Correos, de manera que "no se evitará la guerra de precios, pero se hará marcando unas reglas del juego claras, no como ocurre ahora".

Elena Salgado señaló que, en cualquiercaso, los planes del organismo autónomo postal de cara a la liberalización del servicio "no pasan por recuperar parte del monopolio perdido, aunque la Unión Europea no lo prohíbe", ni tampoco por una reestructuración de las tarifas como se ha hecho en Telefónica, sino por identificar con precisión el déficit estructural de Correos y sus causas, y buscar un compromiso estatal para financiarlo a cambio de unos baremos de calidad y competitividad.