Para ello, según explicaron hoy el secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar, y el director general de Correos, José Ramón Esteruelas, se planteará al Ejecutivo suprimir las tarifas urbanas -España es el único país de la Unión Europea que aplica esta modalidad- y una nueva ordenación de los precios que permita dar ofertas más competitivas y nuevos servicios.

Según Esteruelas, "no e trata tanto de subir los precios, aunque sea una necesidad, como de racionalizarlos", y agregó que "si de mí dependiera no habría en España más que una tarifa, que es la que tienen los demás países europeos".

También hicieron pública una comparación de tarifas con el resto de los países europeos en la que se aprecia que son las más bajas de toda la Unión e incluso que están por debajo de otros países de la International Postal Corporation (IPC), que incluya a Europa, Estados Unidos y Canadá.

Esa iniciativa de precios se inscribe en la estrategia que Correos quiere aplicar para los próximos años en sus relaciones con el Estado, desligándola de los Presupuestsos Generales y vinculando su actividad a un contrato-programa de prestación de servicios.

Dicho contrato-programa se incluirá en el proyecto de Ley Postal que el Gobierno quiere enviar al Parlamento a finales de mes y en el que se fijarán los mecanismos de financiación del servicio universal postal, que las directivas europeas reservan a operador estatal de cada país.

También se contemplará la creación de un Fondo nutrido por los operadores privados, que no tienen la obligación de Correos de dar servicios no rentables, y que según las primeras estimaciones del organismo público le suponen un coste de unos 40.000 millones de pesetas al año.

Pese a este déficit crónico que debe soportar el organismo público postal, sus responsables pronostican una mejora de los resultados en los próximos años, unos 28.000 millones de pesetas de pédidas de explotación en 1997, más 12.000 millones en subvenciones de capital. Ambos conceptos deberán cubrirse con el recurso a los presupuestos públicos, que espera reducirse en unos 3.000 millones en 1998.