"La desaparición e voces radiofónicas, y en general de cualquier medio de comunicación, por decisiones administrativas supone un atentado contra la libertad de expresión", señala la ARI en un comunidado hecho público hoy.

La ARI muestra su solidaridad con las posiciones adoptadas por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que respalda el proceso judicial emprendido por la Cadena Cope para intentar revocar la decisión de la Generalitat.