Según informó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, este es el primer convenio en España en contar con un documento con compromisos específicos para las zonas afectadas por el cierre de centrales eléctricas de carbón y de explotaciones mineras.

Dentro de las actuaciones del Convenio destacó el concurso de acceso a la red eléctrica del nudo Mudéjar, liberado tras el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel), recientemente ganado por Enel Green Power España, que invertirá más de 1.500 millones en la región.

Rivera destacó que “el Convenio y el concurso del nudo Mudéjar han ponderado especialmente el impacto socioeconómico en la zona y revitalizarán y dinamizarán esta región con proyectos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y generadores de empleo de calidad”.

Por su parte, Lambán subrayó el compromiso de su Ejecutivo con la zona minera y, especialmente con Andorra, y mostró su satisfacción porque las gestiones “empiezan a dar sus frutos en la previsión de creación de más de 900 empleos por parte de cinco empresas que han anunciado sus inversiones en los últimos meses, sin contar con el nudo Mudéjar, lo que permitirá superar, de lejos, el desempleo generado por el desmantelamiento de la central térmica”.

El Ministerio destacó que destinará aproximadamente 36 millones adicionales a los 64 millones ya adjudicados y comprometidos por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), a los que se suma el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos programas energéticos priorizan las áreas de transición justa con una financiación de 2.740 millones.

Explicó que gracias al diseño de la licitación, se ha otorgado el acceso a la red de transporte de electricidad liberado tras el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel) a proyectos de energías renovables “que maximicen los beneficios socioeconómicos y ambientales para los 34 municipios”.

Por último, subrayó que el ITJ ha impulsado 60 proyectos para cumplir los objetivos del Convenio. Con unas ayudas de 34,5 millones, movilizarán 84 millones y crearán más de 250 empleos, prácticamente la mitad de los afectados por los cierres de las minas y la central térmica de Andorra.