Así lo dijo en la Asamblea General anual de ANCI, en la que incidió en la necesidad de “retomar una revisión de precios estructural y automática, que alcance a todo tipo de contratos públicos, y que adecúe a la realidad todos los costes, incluidos los salariales”.

Ante la próxima cita electoral, las constructoras no cotizadas plantearon 12 propuestas para que el sector de la construcción de obra pública siga siendo “uno de los motores de la economía española”.

ANCI propone licitar los contratos públicos con presupuestos actualizados con precios de mercado “con el fin de evitar licitaciones desiertas” e incrementar el límite de la revisión excepcional del precio de los contratos públicos del 20 al 30% para “garantizar la adecuada ejecución de los contratos actualmente en curso”.

Asimismo, reclaman retomar el carácter automático y estable del régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público “para asegurar la viabilidad y el equilibrio económico de los contratos públicos de larga duración”.

A propósito de éste, reclaman incluir la mano de obra dentro de los costes revisables para “mantener el equilibrio de las prestaciones inicialmente pactadas en un entorno de creciente evolución de los costes salariales”. Asimismo, exigen fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes al sector.

Otra propuesta es adecuar el sistema de clasificación del contratista a la gestión actual de las obras por parte de las empresas, con el fin de que los criterios y condiciones exigidos para la clasificación supongan “un reflejo fiel de la solvencia técnica y económica real de las empresas contratistas, y no resulten en una restricción del número de empresas a disposición del sector público contratante”.

Asimismo, piden mantener el nivel de inversión que “permita acometer las infraestructuras necesarias en cada momento y atender al correcto mantenimiento de las existentes, superando la infradotación que se arrastra desde hace años”. En particular, se considera urgente acometer aquellas infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua.

También consideran oportuno establecer el marco regulatorio que permita la utilización de la colaboración público-privada en aras de “disponer de un modelo complementario a la inversión procedente de los presupuestos públicos, en aquellos contratos de interés para los inversores privados”.

En cuanto a los fondos europeos, demandan orientar su destino “hacia las oportunidades y necesidades en materia de infraestructuras, para utilizar el potencial dinamizador de la economía y generador de empleo del sector de la construcción”.

También demandan revisar el régimen de utilización de los medios propios en la contratación público. En concreto, piden restringir los supuestos admisibles y obligar a un sistema de publicidad efectivo para “evitar que un recurso que debería ser excepcional se convierta en habitual”.

También reclaman establecer medidas compensatorias de los costes adicionales que suponen para las empresas los compromisos medioambientales, sociales y de digitalización y velar por que todas las iniciativas relacionadas con la contratación pública permitan “la existencia de un tejido empresarial rico y diverso que garantice un nivel de competencia adecuado, y, con ello, la eficiencia de la contratación pública”.