Según la patronal, existe una falta de acuerdo entre el Ministerio de Transportes, que apoya la prórroga como elemento para “dotar de estabilidad a la contratación pública para el cumplimiento de los compromisos adquiridos” y la negativa de los Ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos, que tienen “una visión puramente presupuestaria” que les hace descartar estas cláusulas de estabilización.

La CNC alertó de que si no se prorroga el sistema se producirá “una oleada de disoluciones y concursos de acreedores” de empresas de la construcción, al no poder “afrontar con garantías las tensiones en los precios de las materias primas, los materiales de construcción y la energía”.

Por ello, reclama la mediación del presidente del Gobierno con el fin de sacar adelante un sistema de reequilibrio económico de los contratos públicos que evite que “dichas obras se vuelvan inviables durante su proceso de ejecución”.

A juicio de la patronal, la finalización del mecanismo “puede dejar desiertas próximas licitaciones, siendo algunas de ellas las más importantes de la última década”, que están financiadas a través de los fondos Next Generation-EU.

Asimismo, reiteró la necesidad de incluir la revisión excepcional de precios como un sistema estable dentro de la Ley de Contratos del Sector Público y propuso ampliar el mecanismo a la mano de obra, la energía, y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones, tal y como han hecho en los últimos meses.

En concreto, la patronal defiende requiere eliminar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma, pues “dificultan el acceso a los contratos públicos de obras a compañías, mayoritariamente pymes”.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, señaló que la patronal “ha puesto esta grave situación en conocimiento del Gobierno en reiteradas ocasiones, sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado adicionalmente las correspondientes medidas correctoras que eviten una posible situación de colapso en la contratación pública debida a causas externas y ajenas al estricto cumplimiento por las empresas de sus obligaciones contractuales”.

“Por todo ello, y por un obligado ejercicio de responsabilidad, insistimos, no sólo en defensa de los legítimos derechos de las constructoras, sino también con el fin de evitar un grave e innecesario perjuicio al interés público, en la necesidad de prorrogar las medidas de reequilibrio de los contratos, ampliando su ámbito de aplicación a todos los contratos de obra y de servicios afectados por el desorbitado incremento de los precios y eliminando los arbitrarios límites contenidos en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo”, agregó.