La reforma que quería parar el PP, mediante un recurso de amparo con medidas cautelarísimas, afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el funcionamiento del TC, pero las enmiendas han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita para modificar los delitos de malversación y sedición.

El Partido Popular presentó su recurso la pasada semana cuando la reforma aún no había sido votada en el Congreso. En la Cámara Baja salió adelante y estaba previsto que el texto se votara en el Senado el próximo jueves. Esta decisión del TC abre un escenario desconocido de confrontación con la Cámara Alta cuya resolución no es fácil de adivinar.

El sector mayoritario del TC entiende que el trámite de esta reforma legislativa debe paralizarse porque de continuar con él podría causar un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores que invocaban el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, está obligado a entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional para que la votación prevista para el jueves en el Senado quede suspendida.

El Pleno del TC se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces el presidente, Pedro González-Trevijano, accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con no ir al Pleno si no se les daba más tiempo para estudiar los escritos que habían llegado al tribunal de garantías, en relación a un asunto de gran “complejidad”. En caso de no acudir los cinco magistrados progresistas el Pleno no podría haberse constituido porque no se habría alcanzado el quorum mínimo de ocho miembros.

Además, el Pleno del TC rechazó este lunes la recusación presentada por Unidas Podemos contra el presidente del tribunal de garantías, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores, en una votación en la que los dos participaron pese a haber agotado su mandato en junio pasado. Los bloques continúan inamovibles, de manera que los seis conservadores votaron en contra de la recusación y los cinco progresistas, a favor.

El Pleno acordó también la admisión a trámite del recurso del PP que pretende la paralización de la reforma que acabaría con el bloqueo de la renovación del TC y permitiría la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno, además de acelerar la elección de los dos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los magistrados recusados pertenecen al sector conservador y fueron nombrados a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. De aprobarse la reforma el próximo jueves, García Trevijano y Narváez abandonarían de inmediato su puesto para que tomaran posesión los que serán sus sustitutos: El exministro de Justicia con el PSOE Juan Carlos Campo y la exasesora en Moncloa Laura Díez, lo que daría la vuelta a la mayoría en el TC. El argumento de la mayoría para rechazarla ha sido que no es el momento de tratar este asunto.

BLOQUES

Las votaciones dejaron patente que los bloques siguen inamovibles sobre una reforma pensada para precipitar la renovación del Constitucional. El hecho de que sea el Pleno el que se ocupe del asunto, garantiza que los conservadores mantienen su mayoría, puesto que en la Sala Segunda las fuerzas entre ambos sectores están equilibradas. La avocación a pleno fue la única votación que se produjo por la mañana.

Las deliberaciones comenzaron este lunes poco después de las 10.00 y a lo largo de las cuatro horas siguientes sólo se produjo una votación, la relativa a la avocación a Pleno. Ya en la sesión de la tarde los 11 integrantes del Pleno abordaron el espinoso asunto de la recusación que finalmente fue rechazada por la mayoría conservadora.

En las últimas horas han llegado al TC un aluvión de escritos tanto del PSOE y Unidas Podemos, como del propio PP que se dirigió al tribunal de garantías para extender la petición de paralización, que en un primer momento sólo afectaba al trámite en el Congreso, a la votación prevista en el Senado. También Vox pidió la paralización de la reforma.

Por su parte, PSOE y Unidas Podemos expresaron su oposición a esta intervención inédita del TC sobre una norma que aún no ha sido aprobada por las Cortes y el socio minoritario del Gobierno plateó las recusaciones y la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dirima sobre la presunta falta de imparcialidad de dos de los magistrados recusados.

Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Felipe Sicilia, también presentó un escrito en el que oponía igualmente a la cautelarísima y pedía poder presentar alegaciones antes de la toma de una decisión.

La reforma que pretendía parar el PP afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el funcionamiento del TC, pero las enmiendas han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita para modificar los delitos de malversación y sedición. La paralización previa a la aprobación de una norma por la Cortes Generales no se ha producido nunca.