Estas adjudicaciones ilegales fueron realizadas por Ricardo de León durante su etapa como director general del Instituto Navarro de Bienestar Social (1983-1989) y en 1991, cuando ya había sido nombrado consejero, tras la llegada de UPN al Gobierno foral, según informa hoy "El Mund".

Las adjudicaciones en el mencionado departamento, para la construcción de una residencia de ancianos en Alsasua y para la eliminación de barreras arquitectónicas en un instituto pamplonés, tenían un presupuesto cercano a los 218 millones de pesetas.

Además, Irati ha contratado con la Administración navarra desde 1988 obras por valor de al menos 1.427 millones. Otras administraciones, la mayoría de comunidades limítrofes a Navarra, le han adjudicado otras obras por casi 809 millones.

Ricaro de León incurrió en ilegalidades al infringir la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Foral de Contratos y la de incompatibilidades de altos cargos públicos.

Dicha legislación determina que los altos cargos públicos se abstendrán de intervenir en cualquier momento de un procedimiento administrativo de adjudicación si en el mismo concurre una empresa en la que tenga algún tipo de responsabilidad un familiar del alto cargo hasta el cuarto grado de parentesco.

Además, la ley de incompatibildades de altos cargos destaca que éstos vienen obligados a inhibirse en el conocimiento de los asuntos que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o dirección tomen parte personas de su familia hasta el segundo grado.

Construcciones Irati hizo frente a todas estas obras con un capital desembolsado de un millón de pesetas y, sólo, a partir de 1992 con otro que ascendía a 3,25 millones.

En descargo a estas informaciones, el consejero De León a precisado que la mayoría de las adjudicacones a Irati fueron por el sistema de subasta y, el resto, por concurso público. Asimismo, destacó que él no tiene relación alguna con la empresa de su hermano y que éste no era socio de la firma.