En concreto, se trata de las enmiendas 57 y 58 (sobre la eliminación de incentivos para fomentar los planes colectivos de pensiones) y la 60 (que destopa las bases máximas de las cotizaciones). Para tratar de solventar este error, el Grupo Parlamentario Socialista registró este lunes un voto particular en la Cámara baja para que dichas enmiendas sean retiradas, aunque deberá someterse a votación en el Pleno de hoy.

A este respecto, las fuentes socialistas consultadas por Servimedia reconocieron que la más “complicada” es la relativa al destope de las bases máximas ya que, además, es una cuestión que deberá abordarse en el seno del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

En todo caso, estas mismas fuentes se mostraron confiadas en que podrá subsanarse el error y explicaron que esperan que la mayoría de partidos respalden la retirada de estas enmiendas.

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró la pasada semana que “no debería sorprendernos” que haya un “error” en la votación de enmiendas, ya que sucede otras veces, aunque esta vez haya tenido una “trascendencia mayor”. Además, destacó que había un número “enorme” de enmiendas presentadas.

“El procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación”, agregó el ministro.

PASO PREVIO AL SENADO

Más allá de esta cuestión, la Comisión de Seguridad Social aprobó la pasada semana el dictamen del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, superando así el último trámite parlamentario antes de ser sometido a votación y debate en el Pleno de la Cámara Baja, lo que tendrá lugar este jueves, para su posterior remisión al Senado.

El dictamen salió adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones. En concreto, votaron a favor, además del PSOE, Unidas Podemos, el PRC y el PNV. Se abstuvieron Bildu y Vox, mientras que Esquerra Republicana, Compromís y Ciudadanos votaron en contra.

Unidas Podemos votó a favor pese a que la diputada morada Isabel Franco reconoció que no les “gusta esta ley” y explicó que preferirían que estuvieran “hablando de cómo fortalecer el sistema público de pensiones” y de “cómo aumentar” las más bajas. En todo caso, aclaró que no están “en contra” de este pilar, ya que es un “derecho más de los trabajadores”, si bien dijo que lo ven “menos prioritario” en la situación actual del país.

SUBIDA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Además, Bildu se abstuvo después de que anunciara que acordó con el Ministerio de Seguridad Social elevar un 15% las pensiones no contributivas en el paquete de medidas contra las consecuencias de la guerra que el Ejecutivo aprobará este mes.

A este respecto, el ministro Escrivá sostuvo que era algo que el Gobierno ya tenía “en la cabeza” y explicó que es coherente con la subida del 15% que ya se aplicó al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el primer paquete anticrisis.

Otra de las novedades que incorporó el texto en la Comisión de Seguridad Social del Congreso es que las empresas podrán deducirse del impuesto de sociedades el 10% de la cuantía que destinen a los planes de pensiones colectivos de sus empleados. Se trata de una enmienda de Ciudadanos y el PDeCat, aunque era una reivindicación que también plantearon otras formaciones como el PP.

Con respecto a la Comisión de control especial de los planes de pensiones, se incluyó una enmienda de Ciudadanos por la que se elimina el derecho de veto de los integrantes designados por el Gobierno y se pide que los miembros de este grupo tengan una experiencia de al menos una década en la gestión de planes de pensiones.

La comisión de control estará conformada por cuatro representantes de organizaciones patronales, cuatro de sindicatos y cinco de la administración pública.

INCENTIVOS

El proyecto de ley incorpora incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En concreto, la ley incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. También recoge incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.

Asimismo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.