La enmienda de los populares solo tuvo el apoyo de Vox y logró 170 votos, mientras que el rechazo a la devolución del proyecto de ley del Gobierno contó con el respaldo de 178 diputados.

Esta norma pasará ahora a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde se elaborará un dictamen para su envío al Pleno y su posterior remisión al Senado.

Esta iniciativa legislativa incluye una reforma organizativa que crea los Tribunales de Instancia y transforma los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en los Municipios, dotando así al Servicio Público de Justicia de especialización y cercanía. Otra novedad es que se introducen las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

“RIESGOS Y PROBLEMAS”

Al mismo tiempo, el proyecto incluye una apuesta por los medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional en los ámbitos mercantil y civil, como la mediación y el arbitraje para evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.

Para defender la posición del Gobierno contra la enmienda a la totalidad del PP tomó la palabra el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien señaló que esta norma es “fundamental” para conseguir la “mayor transformación de la Justicia en décadas”.

El ministro defendió que el texto legal que se va a tramitar incluye un “nuevo modelo de oficina judicial” y permitirá que la manera en la que funcionan los tribunales sea “más rápida” y “más ágil”.

Por su parte, María Jesús Moro, en nombre del PP, afirmó que el proyecto del Ejecutivo conlleva “más riesgos y problemas que ventajas y beneficios”. En cuanto a las acciones conjuntas de consumidores y usuarios, señaló que es una medida cuestionada por el sector, que considera que es introducir un sistema propio de EEUU y que puede generar el “caos”.