Al frente de los votos en contra se situó el Grupo Popular, que durante el debate celebrado en la mañana de este miércoles mostró su oposición por considerar la futura ley como "antisistema" y elaborada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En concreto, la diputada 'popular' María Jesús Moro aseguró que es la "ley antisistema universitario español" y "la ley de Esquerra Republicana". Asimismo, lamentó que no se reconociese la labor de todo el personal universitario que contribuyó a aminorar el efecto de la covid durante el confinamiento como personal esencial y de otros profesionales, entre los que enumeró a los geólogos españoles que trabajan en la Antártida, aspirantes a astronautas o expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Para su queja, Moro se basó en la intervención que había protagonizado minutos antes Marta Rosique (ERC), quien presumió de que su grupo ha conseguido "que se promueva una universidad pública de calidad democrática y accesible", tras haber logrado que el "texto inasumible" que presentó Manuel Castells hace tres años haya incorporado 150 enmiendas y que las "mayorías en la negociación" pasasen "por los partidos catalanes y vascos". En su intervención, la parlamentaria catalana también advirtió de que harán seguimiento de los acuerdos conseguidos y de la necesidad de aumentar la financiación por parte del Estado.

En la misma línea se mostró ante el Pleno del Congreso Josune Gorospe (EAJ-PNV), que aseguró que la ley supone "avances muy significativos" pues incorpora aspectos "muy importantes" para "el territorio vasco", como el refuerzo de la cooperación transfronteriza universitaria con Francia y la promoción del euskera como lengua académica.

800 ENMIENDAS

Durante su paso por la Comisión de Ciencia se presentaron más de 800 enmiendas para mejorar el texto (de las que se han asimilado unas 150). Ahora, tras llegar al Senado, se espera que la tramitación, según el calendario que maneja el Gobierno, culmine en el primer trimestre de 2023.

El Proyecto de Ley tiene como objetivo, según su exposición de motivos, la consecución de una universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada.

Para ello, la propuesta modifica las condiciones laborales del profesorado asociado, convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, "con el objetivo de reducir la temporalidad". También persigue mejorar las condiciones del personal docente e investigador, para garantizar, entre otros, "derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales".

Esta iniciativa, a su vez, plantea el compromiso de gasto mínimo del 1% del PIB y establece títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.

TOTALMENTE NECESARIA

A todo ello se refirió el ministro de Universidades, Joan Subirats, que cerró el debate de la LOSU en el Pleno del miércoles. Defendió que se trata de "una ley totalmente necesaria" cuando la actual lleva en vigor 21 años y que surgió en un momento en el que aún estaban sin desplegar las competencias de las comunidades autónomas y eran "inimaginables" los cambios tecnológicos que se han producido desde entonces.

El ministro aseguró que el texto es fruto de una "amplísima consulta" y "diálogo intenso" con todos los sectores, tras haber visitado desde que llegó al cargo hace un año unas 30 universidades (públicas y privadas) y haber mantenido 150 reuniones con representantes y expertos del sector. Con esta "construcción de consenso", remarcó, ha tratado de "contribuir a que el sistema encare los próximos años" con una nueva ley.

Otros parlamentarios también se mostraron en contra del texto de la LOSU, como Vox, cuya propuesta defendió este miércoles Joaquín Robles, que lamentó que "con esta ley se convierte la universidad en un instrumento más para implantar la ideología de la izquierda fundamentalista", el "desprecio por el esfuerzo" y va contra el respeto a la autoridad. "Esta ley no garantiza el derecho a la educación", aseveró, e indicó que sus impulsores tratan de "convertir a los ciudadanos en súbditos en un modelo neofeudal que proponen los separatistas" para romper la nación.

Por su parte, el diputado Gerardo Pisarello, del Grupo Confederal de Unidas Podemos, llamó a los diputados a "demostrar" que hay mayorías parlamentarias. Aseguró que el texto de la futura LOSU recoge un aumento "sin precedentes" en becas, la mejora de derechos laborales y el compromiso presupuestario. También arremetió contra las universidades privadas madrileñas y el "modelo elitista y clasista" de la Universidad que abandera, en su opinión, la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso. "Vamos a tener ley de Universidades les guste o no", dijo, del mismo modo que prosperaron otras normas como la reforma laboral, la ley de ciencia o la de la eutanasia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista cerró el debate el diputado García Morís, que aplaudió el "amplio apoyo" que recibirá el texto de la LOSU en el Congreso. "Nuestras propuestas fueron fruto del trabajo de diversos sectores, colectivos y territorios", dijo. Agregó que los socialistas apuestan por la universidad pública y que la ley es "muy necesaria", "lucha contra la precariedad y reconoce y potencia la diversidad".