Los grupos acordaron una enmienda transaccional a la proposición no de ley defendida por CiU en la Comisión de Asuntos Exteriores que pedía la reclamación internacional de la detención de esos militares.

En el texto, piden al Gobierno que mantenga el respaldo a la investigación desarrollada por jueces españoles a instancias de las familias y de los municipios natales de las víctimas.

Esa investigación se basa en el principio de justicia universal y en el de personalidad pasiva, ambos aplicables a estos casos de acuerdo con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El religioso Joaquin Vallmajó fue secuestrado en el norte de Ruanda el 26 de abril de 1994 y nunca más se ha sabido de él. El portavoz de CiU, Jordi Xuclà, aseguró que su testimonio incómodo sobre las masacres en la región de los Grandes Lagos provocó su secuestro, tortura y desaparición organizada.

Tres años más tarde, el 18 de enero de 1997, fueron asesinados en Ruanda la enfermera María Flors Sirera y dos miembros de Médicos del Mundo Manuel Madrazo y Luis Valtueña, fotógrafo.

La investigación judicial sobre los asesinatos ha llevado a la Audiencia Nacional a procesar a 40 militares de la Armada Patriótica Ruandesa como presuntos responsables de crímenes internacionales de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura, y a emitir las consecuentes órdenes de arresto internacional tramitadas ya por Interpol y el sistema europeo Sirene.

Nueve de esos procesados, denuncia CiU, ocupan en la actualidad "puestos clave y de cierta relevanca política y diplomática" fuera de las fronteras de Ruanda.

Algunos de ellos son embajadores de Ruanda, por ejemplo en India, pero otros forman parte de la Fuerza Híbrida de Mantenimiento de la Paz de la ONU y la Unión Africana para Darfur, denominada Unamid.

Uno de esos acusados es el segundo comandante de esa Fuerza, otros tres son adscritos a la misma y otro es responsable de verificación de desarme del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nepal.