El texto que tendrá que debatir el pleno de la Cámaraincorpora varias modificaciones propuestas por CiU, entre las que se emplaza al Gobierno a presentar y a aprobar antes de que finalice la presente legislatura un Proyecto de Ley de regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

El portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, destacó las novedades más relevantes de la Ley de tratamiento de Deuda Externa, entre las que figuran la de vincular la gestión de la deuda externa con la política de cooperación al desarrollo.

En este sentido, apuntó que estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, a los que sean prioritarios para la cooperación española.

"AVANCE INEQUÍVOCO"

"Se vincula la gestión a los objetivos de erradicación de la pobreza", lo que desde el punto de vista de CiU "supone un avance inequívoco".

Asimismo, la política de gestión de la deuda externa se regirá, entre otros principios, por el de condicionalidad, por el que España se asegurará de que sus actuaciones de deuda externa se condicionarán al compromiso de los países deudores a hacer frente a sus problemas de pobreza, de falta de democracia y de vulneración de los derechos humanos. También se avanza en la idea de la corresponsabilidad.

Otra novedaded se refiere al avance en el control parlamentario sobre la política adoptada por el Gobierno en torno a la gestión de la deuda externa. Así, a partir de la entrada en vigor de la Ley, el Parlamento analizará y debatirá anualmente la política de gestión de la deuda externa a partir de información que el Ejecutivo remitirá a la Cámara y se dará presencia de actores de la sociedad civil o del mundo de la academia, que participarán también en los debates del Parlamento.

Esta nueva norma, añade CiU, abre a la sociedad civil la posibilidad de que estén presentes de forma activa a través de una expresa participación del Consejo de Cooperación en el control y seguimiento de esta política de gestión de la deuda externa.

La Ley también opta por estabilizar y planificar la política de gestión de la deuda externa, ya que no será una política puntual del Gobierno vinculada a lo que se decida en instituciones internacionales sobre esta materia como el G-8, Club de París o el Banco Mundial, sino que va a formar parte de la planificación de la política de Ayuda Oficial de Desarrollo del Estado español.

Apostará por la política de conversión de deuda externapara avanzar de manera clara en el proceso de desligar la ayudaoficial a la compra de bienes y productos españoles. En este sentido, las políticas de conversión se orientarán preferentemente a fortalecer el tejido económico asociativo de los países de origen.

Campuzano mostró su satisfacción en la medida que supone un "importante avance" en la gestión de la deuda externa. Puntualizó que esta Ley "no cierre el debate" en este materia,"sino que se inicia un nuevo viaje para mejorar la gestión de deuda externa y vincularla a la reducción de la pobreza".

Por último, CiU anunció que mantendrá viva para su debate en el Pleno del Congreso una enmienda para que la entrada en vigor de la presente Ley suponga la cancelación de la deuda FAD contraída anteriormente a 31 de diciembre de 2003 por los países menos adelantados, así como la de los seguros de créditos a las exportación conseguidos por CESCE.