La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará mañana este informe, al que ha tenido acceso Servimedia, que ha sido elaborado por CiU, PSOE, PP y PNV, y consta de un total de 41 páginas y 58 recomendaciones.

Así, el informe recomienda que se desarrolle una normativa que obligue a las entidades gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones a indicar si incorporan o no criterios sociales y medioambientales para la selección de inversiones, de forma que se promueva una mayor transparencia en el mercado.

En este sentido, señalan que el papel de los fondos públicos puede jugar un papel fundamental, de forma que en la próxima reforma del fondo de la Seguridad Social debería estudiarse la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la gestión del mismo.

Asimismo, el informe insta a promover reducciones ficales para los inversores que inviertan en fondos específicamente destinados a financiar actividades económicas beneficiosas desde un punto de visto ecológico.

UN MARCO FISCAL FAVORABLE

El informe también recomienda promover un marco fiscal favorable para las empresas que incorporen en su gestión criterios de RSC e informen sobre ellos en base a indicadores tanto ambientales como socviales.

Además, propone incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos que primen la responsabilidad social de las empresas.

Así, en el vigésimo cuarto punto, el informe dice textualmente que "la compra y contración públicas deben ser claras herramientas para el impulso de la RSC, enviando señales al mercado que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social".

También insta a las poderes públicos a regular la elaboración de memorias de sostenibilidad para las empresas del Ibex 35, tal y como se ha hecho en Francia.

Por otro lado, con el objetivo de garantizar que determinados mínimos incuestionables sean respetados por las empresas, con independencia del país en el que operen, instan al Gobierno a participe activamente en convenios internacionales, particularmente en materia de derechos humanos y en materia de medio ambiente.