La norma, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, obtuvo el apoyo de todos los grupos de la Cámara Baja salvo Vox y PP. El ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, se abrazaron al conocer el resultado.

A diferencia de lo sucedido con la proposición de ley acordada entre PSOE, Coalición Canaria y Sumar que el Congreso inadmitió el pasado mes de junio, el Decreto-Ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias sí cosechó el respaldo de Junts.

En la defensa de esta iniciativa, Torres habló de “respuesta histórica ante una demanda también histórica”, que pondrá solución a "situaciones de hacinamiento" y contribuirá a "garantizar los derechos de estos niños y niñas".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presenció la aprobación de la norma junto a una delegación de su Ejecutivo y a representantes de Acnur y Unicef, entre otras entidades.

En su intervención, Torres pidió “altura de miras” a todas las fuerzas políticas y aseguró que “no estamos haciendo otra cosa” que lo que el PP “haría de estar en el Gobierno”. “Cumplir lo acordado”.

Destacó que, en los últimos tres años, “el número de menores migrantes llegados a España ha aumentado un 204%”, y explicó que “a diferencia de la proposición de ley del año pasado, que solo era para Ceuta, Canarias y Melilla, la que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades y ciudades autónomas". “A todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria”, recalcó.

SIN DISTINCIÓN ENTRE REGIONES

El ministro quiso dejar claro que el nuevo decreto-ley se aplicará a cualquier comunidad autónoma que entre en contingencia migratoria, que significa que la ocupación de un sistema de protección alcanza el triple de “la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a menores migrantes no acompañadas”. “Cuando esa cifra se alcanza, ese territorio entraría en contingencia migratoria” y “en cinco días” podría comunicarlo al Estado para “activar el instrumento de traslados, dijo Torres.

Se trata, pues, de “una medida para todas las comunidades autónomas sin excepción, sin diferencias, sin privilegios y sin señalamientos”, declaró, ya que la capacidad ordinaria de un territorio “se establece en función de criterios objetivos”.

CHANTAJE

En cambio, la diputada del PP Ana Alós acusó al Gobierno de sacar adelante el proyecto "cediendo al chantaje de los independentistas, concediéndoles el control de fronteras y permitiendo que, en el reparto, quede excluida de facto Cataluña”.

A su juicio, “este texto vulnera flagrantemente las competencias autonómicas en materia de protección de menores”. “Invade su autonomía y convierte la necesaria coordinación en una imposición, sin los recursos para ello”, agregó.

“Los criterios de reparto que imponen son injustos y arbitrarios”, prosiguió, porque “no tienen en cuenta la realidad de cada territorio”. Eso sí, están “bien diseñados para que a Cataluña, como ya confirmó Junts, no lleguen nada más que 20 menores” mientras a la Comunidad de Madrid y a Andalucía irán “más de 800”, y denunció que “quieren enviar más menores a Melilla de nuevo que a Cataluña”. “ Esto no tiene un pase, ministros”, alertó.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también criticó al Gobierno por permitir que “Cataluña se libre” de recibir menores, mientras que Madrid y Andalucía tendrán que acoger a cerca de 800. En su opinión, la norma reforzará “además el efecto llamada”, atraerá más migración y “le hace el juego a las mafias”. Todos aquellos que “hoy aplauden están colaborando con ellas”, acusó.

Millán advirtió además que muchos de los jóvenes “considerados menores” tienen más de 18 años, y los definió como “varones en edad militar” cuyos “valores están muy lejos de los de la sociedad española” en cuanto a la consideración de la mujer y el respeto por las libertades.

ESFUERZO HISTÓRICO

El diputado de Junts Josep María Cervera repuso el “esfuerzo de Cataluña” en cuanto a la acogida de menores migrantes, “que supera con mucho a la mayoría de comunidades autónomas”, ya que la red de acogida catalana “está ya muy tensionada”, fruto “del esfuerzo histórico” efectuado por dicha comunidad durante los últimos años.

“No tiene sentido que se trasladen menores” a un “sistema tensionado” cuando muchas comunidades tienen “un gran camino que recorrer” en cuanto a la recepción de estos menores, argumentó Cervera. “Es preciso corregir la injusticia” que ha vivido Cataluña durante todos estos años, insistió.

UPN se abstuvo en la votación, y su diputado Alberto Catalán cuestionó los criterios que el decreto establece para calcular el número de menores que han de ser trasladados. “Dicen que son objetivos, ¿pero cómo se han negociado?”. ¿Y por qué esos y no otros?”. No obstante, defendió la necesidad del decreto-ley por “una cuestión de derechos humanos”, aspecto que también destacó la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido.

DERECHOS

“Ningún menor es ilegal. Ningún menor vulnera la frontera”, proclamó, y recalcó que “hoy estamos votando esto por el incumplimiento continuo de la Constitución”. Canarias lleva más de 20 años advirtiendo de la situación de estos menores, pero “la solidaridad territorial, recogida en la Constitución, no se ha ejercido con nosotros", denunció.

Maribel Vaquero (PNV) calificó esta norma de "necesaria" para garantizar el bienestar de los menores migrantes, porque "no se pueden poner parches" de forma continua. Según Jon Iñarritu (Bildu), servirá para "proteger sus derechos" y procurarles una atención de calidad, y lamentó el rechazo de la proposición de ley en julio.

“Son niños”, subrayó por su parte Vicenç Vidal, de Sumar, tras calificar de “barbaridades” las críticas de Vox contra estos menores. “Repitan conmigo: niños. Eso es lo que son”, e insistió en que es deber del Estado “proteger sus derechos humanos" y asegurar "el interés superior del menor”.

Para Jordi Salvador, de ERC, “esos a los que les gusta venir aquí con rezos y con cruces tendrían que leerse el evangelio”. “Jesucristo hoy en día sería un menor no acompañado, Y ustedes querrían expulsarlo”, les dijo.

Por parte del PSOE, Luc André Diouf defendió la urgencia de “dimensionar de forma adecuada el sistema de acogida a nivel nacional” para ofrecer una atención de calidad a los menores migrantes que llegan a España. Por eso, este decreto busca proporcionar “una solución definitiva y estructural” a las llegadas de estos niños y adolescentes, además de “resolver los problemas de hacinamiento en las comunidades frontera”.