El proyecto de ley, que recibió la totalidad de los votos favorables de los 298 diputados asistentes al pleno, incluye entre sus novedades la penalización de la tenencia y comercialización de los precursores utilizados para la fabricación de la droga.

Asimismo, contempla el concepto de entregas vigiladas de drogas, una técnica consistente en permitir que remesas ilícitas de estupefacientes circulen con el fin de descubrir alas personas involucradas en el narcotráfico.

Estas entregas podrán ser autorizadas, según una enmienda transacional del PSOE e IU, por el juez, el fiscal o el mando regional de la policía judicial que lleve la investigación, quien deberá comunicarlo inmediatamente a la autoridad judicial o fiscal.

La reforma aprobada hoy, cuya finalidad es introducir en la legislación española los compromisos internacionales adquiridos en diversos convenios sobre tráfico de drogas, también contempla que serán obeto de comiso, además de las sustancias psicotrópicas, los materiales para su fabricación y el dinero generado por el narcotráfico, los vehículos y demás objetos utilizados para cometer ese delito.

Los automóviles, según una enmienda transaccional del PSOE, podrán ser usados por las fuerzas de seguridad para perseguir a los narcotraficantes, incluso antes de que haya una sentencia firme en contra, con el fin de que la Policía disponga de los mismos medios que los delicuentes.

En caso de que haya na sentencia condenatoria firme contra los narcotraficantes, sus bienes pasarán directamente a poder del Estado, mientras que en el supuesto contrario, serán devueltos a sus propietarios, quienes tendrán derecho a una indemnización si fuera necesario.

Esa enmienda introduce también una variación en el orden de prelación en que hasta ahora era destinado el dinero aprehendido a los narcotraficantes, relegando al último lugar el que dicho dinero sea empleado para pagar a sus abogados defensores, con el fn de evitar un "blanqueo" a través de las minutas de los defensores.

Durante el debate, fueron rechazadas, con 93 votos a favor frente a 181 en contra y 24 abstenciones, dos enmiendas del PP relativas al castigo con penas de arresto mayor a los que cultiven, adquieran o posean estufacientes para consumo propio y sobre el endurecimiento de las penas contra los narcotraficantes.

Según señaló el diputado socialista Alvaro Cuesta, sería una contradicción incriminar al consumidor de estupefacientes quen, por otra parte, ya puede ser sancionado muy duramente con la Ley de Seguridad Ciudadana. Asimismo, rechazó el endurecimiento de las penas propuestas por el PP porque, a su juicio, provocaría un desajuste entre la duración de las penas por diversos delitos.

Dijo que con la aprobación de este proyecto de ley, la Cámara está asestando un duro golpe a los grandes "capos" del tráfico de droga, ya que la acción se dirigirá no sólo contra los mercenarios, sino también contra sus dirigentes.

Asimismo también fueron rechazadas, con 268 votos en contra, las 4 enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, una de las cuales proponía que los condenados por narcotráfico cumplan sus penas en centros penitenciarios situados, cuando menos, a una distancia de 400 kilómetros repecto a los lugares donde actuaba ilícitamente, aspecto considerado por el PSOE materia de política penitenciaria.

La misma suerte corrieron las 4 enmiendas del Grupo Mixto, que, a juicio del PSOE, traspasan los límites del proyecto de le, mientras que las del CDS fueron aprobadas.