Tras seis meses de tramitación, pese a que la iniciativa llegó a la Cámara por vía de urgencia, el Pleno debatirá el veto a esta ley en una sesión a la que está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo no votó presencialmente la toma en consideración de la proposición, aunque sí lo hizo con el dictamen en dos ocasiones –Junts lo tumbó en primera instancia y volvió a la Comisión de Justicia en lo que fue un hecho sin precedentes–.

Aún no está claro si Sánchez presenciará el debate, aunque sí apuntan a Servimedia que el presidente participará en la votación que, una vez más, será nominal. Además, cabe destacar que Sánchez, y cualquier integrante del Consejo de Ministros, tiene en su mano intervenir ante el Pleno si lo desea y sin límite de tiempo.

Según informaron fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja, la sesión, con este único punto en el orden del día, comenzará a las 9.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas, y contará con una única votación sobre el dictamen.

Cada intervención tendrá una duración de siete minutos –el PP pidió sin éxito ampliarlo a 12 minutos– y la votación será por llamamiento, es decir, que cada diputado tendrá que pronunciar a voz alzada el sentido de su voto.

Alberto Núñez Feijóo será quien marque la posición del PP con un discurso que aún estaba perfilando en la víspera del debate. El jefe de la oposición ha reclamado a Sánchez que retire la amnistía y convoque elecciones para que los españoles avalen esta “cesión“ a Junts. Y todo apunta a que mañana pedirá al presidente del Gobierno que dé marcha atrás con este acto de “corrupción política“ por última vez.

En Génova se preguntan que pasará a partir de mañana con la legislatura, una vez que Junts vea satisfechas todas sus exigencias y no tengan nada que le ate al PSOE. Y aseguran que no han decidido aún cuándo presentarán su recurso de inconstitucionalidad –tienen hasta tres meses desde la publicación de la ley–, pero sí que será paralelo a los que puedan presentar sus gobiernos autonómicos.

Por parte de Vox, intervendrá el líder del partido, Santiago Abascal, quien siempre ha sido el encargado de hablar de esta medida de gracia desde la Tribuna del Congreso. Este partido exigió la retirada del orden del día de este debate para “salvaguardar el principio de neutralidad de los poderes públicos en la actual campaña electoral al Parlamento Europeo”.

Abascal afrontará este debate después de haber viajado a Jerusalén para mantener una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la que le transmitió el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce “el derecho a defenderse”, y le dejó claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no es España”.

Además, desde Junts avanzaron que el secretario general del partido, Jordi Turull, asistirá a este Pleno. Por parte de ERC, acudirá al mismo una delegación encabezada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y en la que estará también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y a la vicepresidenta del Gobierno catalán en funciones, Laura Vilagrà.

El PSOE reivindica que sus políticas para Cataluña -indultos y amnistía- han quedado refrendadas por la población con la victoria en las urnas este pasado 12 de mayo del líder del PSC, Salvador Illa, en las elecciones autonómicas en Cataluña.

Según el texto que aprobará el Congreso y que se remitirá al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor- lo cual será efectivo "el mismo día de su publicación"-, podrán acogerse a esta amnistía “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.

Además, se especifica la exclusión de la amnistía de “los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal, siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.