Según recoge la sentencia del denominado "caso Corroto", hecha pública hoy, el robo a la joyería "Viuda de Tornero" fue planeado por los procesados "para satisfacer su afán de lucro" y decidieron que "era preciso matar para lograrlo".

El tribunal considera probado que los cuatro implicados contactaron con José Luis Fernández Corroto, delincuente habitual, al que hicieron su confidente cuando fue detenido por miembros de la brigada, en marzo de 1984.

Tras ser puesto en libertad, los policías planeron el atraco con Fernández Corroto que, según lo convenido, cometería el robo junto a otros dos delincuentes, a los que matarían para quedarse con las joyas, mientras que dejarían escapar a su confidente para justificar la desaparición del botín.

Los policías desarrollaron para ello toda una "trama encubridora", de forma que Fernández Alvarez, jefe de la sección antiatracos a la que pertenecían, comunicó a su superior que había recibido un soplo sobre un atraco que se iba a cometer en la zona centro. El jefe de la brigada, "dada la confianza que había depositado" en los procesados, le autorizó a montar un dispositivo de vigilancia, para lo que empleó a todos los funcionarios disponibles.

La operación se inició 6 días antes del robo y, el día convenido, el 18 de junio, los cuatro acusados vigilaban la entrada a la joyería "Viuda de Tornero", situada en el primer piso del número 16 de la calle Atocha.

Desde su puesto vieron cómo Fernández Corroto llegaba al establecimiento, acompañado de Fliciano Martín de Paredes y Pablo Pardo Ruiz, alrededor de las 10 de la mañana.

Para llevar a cabo la acción, Feliciano Martín había acudido días antes a la joyería haciéndose pasar por representante de una empresa de extintores.

Al reconocer a Feliciano, la asistenta, Angelita López Maderuelo, abrió la puerta sin reparo a los tres individuos, que iban armados con un revólver, una escopeta de cañones recortados y un arma blanca.

Tras intimidar a los empleados y algunos representantes de joyeía que se encontraban en el lugar, se apoderaron de 15 mantas de joyas, valoradas en 500.000 pesetas cada una, de las que sólo cuatro fueron devueltas a sus propietarios, y de algunas piezas sueltas.

Realizado al atraco, Fernández Corroto, que había guardado las joyas en una bolsa de deportes, entregó ésta a Feliciano y su pistola de gas a Pablo y les dijo que esperaran cinco minutos, por lo que pudo abandonar el edificio con el consentimiento de los policías.

Mientras tanto, uno de los empleados Francisco Javier Ojeda, que trabajaba en el taller anexo y no se enteró de lo ocurrido hasta que su hermana fue a contárselo, salió en busca de los delincuentes, pero fue detenido por una persona que se identificó como policía y le ordenó que volviera al interior porque algo iba a ocurrir. Entonces, se oyeron unos disparos y el individuo salió corriendo escalera abajo.

Nada más salir Corroto, los procesados entraron en el portal. Fernández Alvarez y Pérez Reverte se apostaron en la zona del bajo escodidos, para sorprender a los delincuentes e impedirles la huída, mientras Martínez y Cabezas quedaron más retrasados.

Feliciano fue el primero en asomar y Pérez Reverte le cortó el paso "de forma sorpresiva e imprevista" y le disparó en la cabeza con la intención de "matar y no errar en su tiro", con el cañón de su pistola apoyado en su frente, entre ceja y ceja, y luego efectuó un segundo disparo que le surcó la cara, abriéndola en dos.

Mientras, el comisario Fernández Alvarez efectuó otros dos isparos, uno de ellos a quemarropa, que le impactaron en el hemitórax y abdomen.

Al percatarse de esta escena, Pablo Pardo retrocedió y huyó escaleras arriba, siendo perseguido por el comisario y Jaime Ignacio Cabezas.

Cuando llegó a la entreplanta fue alcanzado por un primer disparo. Al verse herido y sin poder continuar, porque se topó con el policía no identificado que descendía desde las plantas superiores, se agachó en el rincón del descansillo y en esa posición fue abatido por Fernández Alvrez y Jaime Ignacio Cabezas, que efectuaron otros tres disparos.

A continuación los procesados recogieron las bolsas con las joyas y prepararon el lugar para aparentar que los delincuentes iniciaron un tiroteo, por lo que dispararon la escopeta de Feliciano.

Además, "a pesar de que les constaba el fallecimiento" de ambos, trasladaron los cuerpos a un centro sanitario para evitar que se produjera el levantamiento de los cadáveres por parte del juez de instrucción y postergar el inicio de las invesigaciones hasta el día siguiente, lo que les permitió también ser los encargados de recoger las joyas y apoderarse de ellas.

Esa misma mañana, los testigos prestaron declaración en la comisaría y dos de ellos, la asistenta y María Jesús Ojeda, vieron la totalidad del botín en las dependencias policiales. No obstante, ninguno pudo reconocer en los albúmes que les presentaron al tercer atracador, porque la foto de Fernández Corroto había sido retirada previamente por los procesados.

Un día después,los procesados hicieron ante el juez una reconstrucción de los hechos y le mostraron uno de los pisos del inmueble en estado de abandono, explicándole que por ahí logró escapar con la mayoría del botín el tercer atracador.

ASESINATO DE CORROTO

Fernández Alvarez, Pérez Reverte y Cabezas de Herrera idearon posteriormente matar a Fernández Corroto para no repartir el botín con él y "deshacerse de un testigo incómodo que conocía la realidad de lo acontecido en la calle Atocha".

Con la excusa de efetuar el reparto, los tres policías se citaron con el delincuente en la noche del 30 al 31 de julio en el polígono industrial de Móstoles.

Para justificar su muerte, volvieron a simular que habían recibido una confidencia sobre un robo que se iba a producir en una de la empresas y montaron un nuevo dispositivo de vigilancia, trasladando tres vehículos de la brigada al lugar.

Fernández Alvarez distribuyó los tres vehículos en diferentes zonas, quedándose los tres procesados en el lugar convenido co Fernández Corroto, que apareció en el coche de su sobrino a la hora convenida.

Fernández Alvarez disparó sobre el delincuente antes de que éste bajara del coche. Luego trasladaron su cadáver al hospital de la localidad para evitar también que el juez levantara el cuerpo.

"Para justificar un supuesto enfrentamiento" efectuaron con una pistola atribuida al fallecido un disparo hacia el vehículo policial y después elaboraron un atestado en el que de nuevo falsearon la realidad de lo ocurrido, sosteiendo que dieron el alto al delincuente y al pedirle que se identificara, éste sacó una pistola y disparó contra Fernández Alvarez, que se limitó a defenderse.

Dos años después, la brigada de Régimen Interior comenzó una investigación a raíz de las declaraciones efectuadas por el joyero santanderino Federico Venero, que destapó la denominada "mafia policial", en la que estaban supuestamente implicados los procesados (Fernández Alvarez cumple ya condena como autor de la desaparición de Santiago Corella "el Nani").

La policía citó otra vez a los testigos del atraco, que esta vez reconocieron sin dudar a Fernández Corroto como el delincuente que consiguió escapar.

Los magistrados manifiestan haber llegado al convencimiento de estos hechos por las "grandes y graves" contradicciones en las que incurrieron durante el proceso los acusados, cuya versión sobre cómo ocurrieron los hechos no concuerdan ni con las declaraciones de los testigos ni con con los informes de los forenses y de los peritos en blística.

Por todos estos hechos, condena a 100 años de prisión a Fernández Alvarez, Pérez Reverte y Cabezas de Herrera, por un delito de robo con muerte dolosa de Feliciano Martín, dos de asesinato por las de Pablo Pardo y José Luis Fernández Corroto, y otro continuado de falsedad de documento público, por los dos atestados policiales que redactaron tras ambos crímenes, en los que no recogieron la verdad de lo ocurrido.

La pena se reduce a 67 años para Adelardo Martínez García, porque no está proada su intervención en la muerte de Fernández Corroto, ya que en aquellos días se encontraba de vacaciones.

Además, los acusados tendrán que indemnizar con seis millones de pesetas a los familiares de cada una de las víctimas mortales y con cinco millones a la propietaria de la joyería, Pilar Tornero.

La sala absuelve al Estado como responsable civil subsidiario, ya que, aunque reconoce que los procesados se sirvieron de su condición de funcionarios públicos, mantiene que actuaron en beneficio prpio, "sin reportar utilidad alguna para el Estado", al margen de las funciones y obligaciones que éste les encomienda.

Por este motivo, las acusaciones particulares anunciaron que recurrirán la sentencia, que, desde el aspecto penal, consideraron "correcta", pero jurídicamente "contradictoria", ya que absuelve al Estado pese a reconocer que hubo por parte de los acusados prevalimiento de cargo público.

Asimismo, mostraron su disconformidad porque no se haya deducido testimonio de las declaracione efectuadas por los funcionarios que participaron en la recogida del botín y en la toma de declaración de los testigos del atraco, a los que consideran cómplices de los procesados.

Los abogados defensores, que tildaron la resolución judicial de "enormidad" y "barbaridad", afirmaron también que recurrirán ante el Tribunal Supremo y que no existe base probatoria suficiente que inculpe a sus defendidos.