En declaraciones a la cadena Ser recogidas por Servimedia, Conde-Pumpido señaló que hay países "infinitamente más descentralizados" que España, como la República Federal de Alemania o Estados Unidos, y "no pasa absolutamente nada".

"España es un país potente, serio, que está, yo creo, en un momento fantástico de su desarrollo político e institucional y que no tiene ningún peligro en absoluto", dijo.

Conde-Pumpido se refirió al recurso presentado por el Partido Popular contra la actual tramitación parlamentaria del proyecto de Estatut de Cataluña, un recurso que calificó de "prematuro".

"No se puede pretender que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que todavía no ha sido aprobada", afirmó.

A su juicio, "las instituciones deben funcionar asumiendo cada uno en su momento el papel que le corresponde". Así, señaló que el Parlamento tomará la decisión que le corresponda, la ciudadanía catalana debe votar el estatuto y el Tribunal Constitucional debe estudiar si existe algún punto que vulnere la Carta Magna.

El fiscal general del Estado manifestó que uno de sus objetivos es "descriminalizar" la política con el fin de evitar que ésta salga del Parlamento, de los medios de comunicación y del debate social y que la presentación de querellas criminales se utilice como instrumento para hacer política.

FUNGAIRIÑO

Por otra parte, Conde-Pumpido se refirió a Eduardo Fungairiño e insistió en que su relevo como fiscal jefe de la Audiencia Nacional se debió a "razones estrictamente profesionales".

De esta manera negó que esa decisión se debiera a que fuese un elemento entorpecedor en una futura política sobre los presos de ETA. "Son críticas partidistas", señaló.

Conde-Pumpido expresó la extrañeza que le causó saber que los mismos que pidieron la dimisión del fiscal general del Estado por nombrar a Fungairiño fiscal jefe de la Audiencia Nacional pidiesen también el cese del máximo responsable de la carrera fiscal por relevar a esa misma persona, en referencia a la conservadora Asociación de Fiscales (AF).

A su juicio, ya es "tradición" que la AF pida la dimisión del fiscal general del Estado y vaticinó que lo seguirá haciendo. "Es un hecho que la Asociación de Fiscales siempre va a pedir la dimisión del fiscal general", dijo.

Para Conde-Pumpido, también es una "tradición española" que el fiscal general del Estado sea objeto de descalificación como vía para criticar al presidente del Gobierno, algo que, a su juicio, no es bueno.

Conde-Pumpido no quiso pronunciarse sobre un posible proceso de paz, alegando que al fiscal general del Estado no le corresponde entrar en temas que son "fundamentalmente políticos".

Recordó que el fiscal general del Estado "aplica la ley e impulsa la acción de los tribunales" y, por lo tanto, se mueve dentro de un terreno que le viene marcado desde fuera, desde el Parlamento".

DETENCIONES Y JUICIOS

Así, señaló que si "existe una decisión parlamentaria que establece que mientras no se produzca un anuncio de cese de la violencia no hay ningún tipo de modificación, la política de acción pública que sigue el fiscal general del Estado es la misma que se ha seguido siempre: la policía sigue deteniendo terroristas y en la Audiencia Nacional se siguen celebrando juicios de terroristas, esa es la línea que marca el fiscal general".

Conde-Pumpido se refirió a la polémica suscitada en torno al etarra Henri Parot, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de acumularle todas las penas en dos de 30 y no en una de 30.

El fiscal general del Estado señaló que, aunque la suma de las condenas superen miles de años, lo cierto es que el Código Penal de 1973 establece que el máximo de cumplimiento de pena es de 30 años.

Además, señaló que hay una nueva imputación por parte de la fiscalía que impedirá que Parot salga de prisión antes del tiempo previsto, para el año 2020.

Recordó que aquellos que fueron condenados en virtud de aquel Código Penal pueden ver reducida su pena gracias a las redenciones y señaló que se está trabajando para estudiar los "abusos" que se se hayan podido producir.

Para Conde-Pumpido, en el tema de las excarcelaciones de etarras "hay mucho también de alarma social provocada que tiene orígenes políticos".