Juristas consultados por Servimedia explicaron que los dos diputados desertores no irán a la cárcel y lo único que les sería aplicable es una variedad del delito de cohecho, en concreto una de las menos severas, ya que la legislación protege la libertad de lo cargos electos para votar en el sentido que quieran.

A este respecto, el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat destacó que la actuación de Tamayo y Sáez podría ser encuadrable dentro del artículo 425.1 del Código Penal, en el que podría inscribirse la acción de ausentarse de un Parlamento a cambio de una compensación de algún tipo.

En concreto, este artículo establece que "la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realiza un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en una pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de tres meses a tres años".

Según Gimbernat, éste sería el único artículo que les sería aplicable a los diputados autonómicos que le han dado la Asamblea de Madrid al PP, ya que el transfuguismo como tal no está penado.

En este sentido, este catedrático destacó que el Constitucional ha dejado claro que los escañs pertenecen a los cargos electos, de manera que los partidos no pueden retirárselos porque parlamentarios o concejales tomen determinadas decisiones.

De la misma opinión que Gimbernat fue el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Joaquín González Casso, quien señaló que a Tamayo y Sáez sólo podría aplicárseles un delito de cohecho, siempre que se pruebe que han recibido dinero.