Los socialistas trabajan en estos momentosen la redacción de sus conclusiones, que deberán ser debatidas el lunes por la mañana en la comisión de investigación y, por la tarde, en el pleno de la Asamblea. Sin embargo, Simancas avanzó las ideas fuerza de esas conclusiones, basadas en la premisa de que la comisión "no ha cumplido de forma adecuada su objetivo".

Recordó el dirigente socialista que la comisión se creó para esclarecer las causas de la espantada de Tamayo y Sáez, pero eso ha sido imposible por "el boicot" del PP al vetar comparecenias, negar documentación imprescindible, centrar sus esfuerzos en "ejercicios de distracción", y ordenar a sus afiliados comparecientes "la ley del silencio o la mentira".

Todo ello, según la tesis de Simancas, porque el PP "tenía miedo" a que se esclareciera la verdad y decidió hacer "todo lo posible para evitarlo". Frente a esa estrategia, advirtió, el PSOE seguirá luchando para que los ciudadanos sepan lo que ocurrió y puedan forjarse una opinión basada en la verdad ante las próximas elecciones autnómicas.

Las conclusiones extraídas por los socialistas de la comisión de investigación son, en primer lugar, que la traición de Tamayo y Sáez no se debió a desacuerdos con la estrategia del partido, sus alianzas o sus candidaturas, ya que en sus comparecencias quedó claro, recordó, que en los debates internos sobre estos asuntos o no estaban, o votaron a favor.

A partir de ahí, es "indudable" la existencia de una "trama antidemocrática" con dos componentes, el político y el urbanístico, "intensaente vinculada al PP" por vías diversas y cuyo "capo" es Romero de Tejada, que mintió además a la comisión, recordó Simancas, al ocultar que estaba en nómina de una empresa que en realidad es "una tapadera de asuntos turbios".

Las ramificaciones que parten desde el secretario general de los populares en Madrid se extienden, explicó Simancas, hacia el abogado José Esteban Verdes y el periodista Carlos Cabrera por el lado político, y hacia los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez y los hermnos Sánchez Lázaro, por el lado urbanístico.

Los móviles de esa trama también están claros, a juicio de los socialistas, y todos ellos se reducen a uno, evitar un Gobierno progresista en Madrid que pudiera aplicar las medidas contra la especulación urbanística en la comunidad anunciadas durante la campaña electoral. "Los especuladores, evidentemente, prefieren al PP, a Esperanza Aguirre, en el Gobierno, y están dispuestos a cualquier cosa para conseguirlo", sentenció.

Los socialistas concluyen admás que es imprescindible una investigación a fondo desde la Fiscalía General del Estado para que los indicios puedan ser convertidos en pruebas llevadas a un tribunal, y que es necesario también un gobierno "legítimo" para Madrid.

TAMAYO Y SAEZ EN EL PLENO

Además de esbozar sus conclusiones de la comisión de investigación, Simancas expresó su "preocupación" por el aparente interés del PP en que Tamayo y Sáez puedan intervenir en la sesión plenaria del próximo lunes que debe debatir y aprobar el dicamen y los votos particulares.

Ese temor lo fundamentan en la petición de un nuevo informe jurídico por parte del PP a los servicios de la Cámara para que determinen si Tamayo y Sáez pueden y deben intervenir en ese pleno, después de que dos informes previos hayan dejado claro ya que los órganos de la Asamblea "pueden y deben" limitar la participación de los dos diputados en los debates dedicados a investigar su propio comportamiento.

Los socialistas sólo encuentran dos explicaciones a este aparete interés del PP, "a cual más preocupante", o bien los populares quieren "profundizar su coalición de facto" con los dos tránsfugas que les permitieron tener la mayoría en los órganos de la Asamblea, o bien Tamayo y Sáez exigen a este partido "cada vez más pagos a cambio de su traición y su silencio sobre las verdaderas causas que la motivaron".

Simancas reiteró que los dos diputados tránsfugas "no pueden participar" en el debate plenario del próximo lunes "por dignidad democrática" y "por sentido coún, porque no pueden ser juez y parte", como se decidió en la comisión de investigación, donde se excluyó al Grupo Mixto.