En rueda de prensa antes de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, Baldoví avanzó que su partido apoyará “cualquier iniciativa que se haga en el Congreso para llegar hasta el final y dilucidar si se ha espiado de manera ilegal a diputados”, ya sea en la petición de comparecencias o de creación de comisiones de investigación.

Señaló que “callar sería ser cómplice”, lo que acompaño de dos reflexiones: una que consideró “revelador el silencio manso de PP y Vox” y, otra, de que “si esto está pasando con un gobierno progresista, no me quiero ni imaginar si en el Gobierno estuviera un partido que ha presentado iniciativas para ilegalizar diputados elegidos por los ciudadanos”, en referencia a Vox. Por ello, consideró que “no llegar hasta el final es un peligro” que, además, supondría “sentar un precedente peligrosísimo”.

Por otra parte, el dirigente valenciano denunció la decisión de Sánchez y Feijóo de posponer la reforma del sistema de financiación autonómica porque se trata de un “sistema caducado e injusto” para su región. Calificó de “tomadura de pelo” que se haya optado por dejarlo para la próxima legislatura sin ofrecer “ninguna alternativa”.

Baldoví también comentó la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía y alertó de que se trata de una nueva convocatoria “que no responde a los intereses de los ciudadanos”, por lo que se trata del uso “espurio” de un mecanismo porque responde “exclusivamente” a los “intereses” de un partido, en este caso del PP. Así, indicó que “nos estamos acostumbrando a que se convoquen elecciones cuando interese a un partido y es, cuanto menos”, un hecho “fraudulento”.

El diputado de Compromís en el Congreso también comentó la publicación del patrimonio de Felipe VI y, aunque lo celebró, comentó que “ya está bien” porque “ha tardado un poquito” ya que, recordó, lleva “ocho años diciendo que lo va a hacer”.

Si bien Baldoví comentó que “esto no puede ser un gesto magnánimo de la Corona, tiene que estar regulado por ley” y criticó que “no se informe a todos los partidos” empleando el “argumento” de que “no son constitucionalistas” porque “cualquier diputado elegido democráticamente tiene el mismo derecho a tener la misma información y no hacerlo es crear precedentes peligrosos”.