Así lo reveló este jueves la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha corregido los cálculos de Correos reduciendo el importe en 27,1 millones de euros en 2014 y en 29,4 millones de euros en 2015.

El SPU es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional (la “carga financiera injusta”) que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público. Por no alcanzar los objetivos de calidad en la prestación de los servicios, en el ejercicio 2014 se aplicó una penalización de 474 euros, y en el ejercicio 2015, de 26.551 euros.

La CNMC tiene competencias para verificar el coste neto y determinar la carga financiera injusta del SPU desde la entrada en vigor de la Ley Postal en 2011. A pesar de ello, no ha podido ejercerlas durante más de 10 años por faltar una metodología de cálculo del coste neto, que aprobó finalmente el Consejo de Ministros en junio de 2021, en el Plan de prestación del servicio postal universal.

La CNMC había sido crítica con el borrador de metodología que se le presentó en 2020. Además, en septiembre de 2023, antes de iniciar la supervisión del coste neto de cada ejercicio, recomendó revisar la que fue finalmente aprobada en 2021.