La comisión votó esta tarde las conclusiones del dictamen elaborado a partir de los hechos, pruebasy comparecencias de algunos de los presuntamente implicados en la fallida operación por la que se intentó crear en el Principado un complejo petroquímico financiado por el Saudi International Bank, y que resultó ser un fraude.

Según las conclusiones, queda probado que el entonces jefe del Ejecutivo Asturiano, Juan Luis Rodríguez Vigil, y su consejero de Industria, Víctor Zapico, fueron los que llevaron a cabo las negociaciones con el intermediario francés Maurice Jean Lauze para la instalación del comlejo. Los dos presentaron su dimisión tras conocerse el fraude.

Asimismo, considera probado que la Administración central, conociendo "puntualmente la prevista situación de inversión, que se convertiría cuantitativamente en la más importante de todas las desarrolladas en nuestro país con fondos extrajeros, no realizó la más mínima comprobación a través de los pertinentes servicios".

Por ello, añade que "las responsabilidades políticas derivadas de los hechos acaecidos no pueden darse por saldadasexclusivamente con las dimisiones de Vigil y Zapico, sino que la dimisión inmediata de los cargos públicos y administrativos que ocupen las diferentes personas implicadas tanto a nivel de la Administración central como autonómica deben ser exigidas y, por tanto, las dimisiones de cualesquiera cargos públicos que actualmente presten".

Sin embargo, la comisión considera que otros cargos de la administración regional conocían dichas negociaciones, como el jefe de gabinete de la Presidencia, José Antonio arcía Casal; el secretario de presidencia, Juan Cofiño; la directora de Industria, Nieves Carrasco, y el director del Instituto de Fomento Regional, José Luis San Miguel.

El portavoz socialista Faustino González mostró su disconformidad con las conclusiones, al entender que no existe tal responsabilidad de la Administración central ni del resto de cargos públicos del Gobirno regional, salvo las de Rodríguez Vigil y Zapico.