Los ecologistas trasladaron a Sinkevicius en Bruselas (Bélgica) su preocupación ante la situación de Doñana y la necesidad de que la UE “siga presionando” a los Gobiernos español y andaluz para evitar que “este atentado ecológico ponga en peligro uno de los refugios para la biodiversidad y de los humedales más importantes de toda Europa”, según apuntaron en un comunicado conjunto.

Además, recalaron que la proposición de ley implica aumentar los niveles de extracción de agua y, por lo tanto, generar más presión sobre el acuífero de Doñana, que ya se encuentra oficialmente sobreexplotado, además de suponer una “clara invitación” a futuras ocupaciones ilegales de nuevas superficies forestales.

En su momento, a través de una carta remitida al Gobierno español, la Comisión Europea ya alertó de que la multiplicación de cultivos intensivos de regadío se relacionaba con el deterioro de hábitats de Doñana, protegidos por las normativas comunitarias como la Directiva de Hábitats.

También advirtió de que, puesto que en la actual planificación hidrológica no hay previsión de incrementos de disponibilidad de agua, era urgente adoptar medidas para reducir el consumo y revertir la situación pésima del acuífero.

En su carta, las autoridades europeas manifestaron su sorpresa y malestar por el hecho de que, en lugar de adoptar medidas para resolver la situación, se pretendiera aprobar una normativa que iba en dirección opuesta y que contribuye a agravar el estado del deteriorado acuífero. Por todo ello, advirtieron al Estado español de que, de no paralizar esta propuesta de ley, la Comisión Europea acudiría nuevamente al Tribunal de Justicia de la UE.

“TEMERIDAD”

Las organizaciones ecologistas consideraron una “temeridad” que la Junta de Andalucía siga avalando la actual proposición de ley para legalizar las explotaciones agrícolas ilegales de Doñana, ya que podría acarrear fuertes sanciones económicas que serán asumidas por los ciudadanos andaluzas y que podrían, incluso, cuestionar los fondos Next Generation para esta comunidad autónoma.

“La Junta de Andalucía debe retirar de inmediato esta propuesta de ley y ponerse a trabajar en el conjunto de medidas necesarias para cerrar las fincas y explotaciones ilegales y recuperar el acuífero. Por otro lado, se debería recuperar el acuífero dando cumplimiento estricto y al 100% al Plan de la Fresa, con el que los agricultores, ecologistas, científicos y actores locales estuvieron de acuerdo y con consenso en 2014”, apuntaron.