Según el Ministerio, la Comisión Europea ha aprobado también los planes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal.

El plan supone una “herramienta clave” para “facilitar” la respuesta de la agricultura a las demandas medioambientales y sociales de la sociedad y para ello va a impulsar “cambios profundos, pero graduales, para lograr una agricultura más justa, rentable y social”, según Agricultura.

Los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61% irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.

Entre las principales novedades del plan, el sector contará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a “favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional”.

Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Otra de las novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

Junto con las ayudas directas, el plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural. Entre estas últimas, las principales partidas van destinadas a inversiones en compromisos ambientales (370 millones), programas Leader (160 millones) o explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales (140 millones), entre otras.

Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Según Agricultura, por este motivo se destinará un 23% del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, diseñados para que tengan una amplia acogida.

Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad. Se trata de medidas de “carácter voluntario” que los agricultores deben analizar con el fin de poder elegir "qué prácticas solicitar el año que viene y obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de los fines ambientales", explicó el Ministerio.

El nuevo plan generará una PAC “más justa, más sostenible y más social, que dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional”, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Para Planas, se trata de una “excelente noticia”, porque esta aprobación da “certidumbre y seguridad” al sector agrario, ya que la PAC supone entre un 20 y un 30 por ciento de las rentas que perciben agricultores y ganaderos.