En una comparecencia de urgencia ante los medios de comunicación tras la información publicada hoy por El País, Cobo confirmó que los datos publicados por este diario sobre el seguimiento que se le realizó durante determinados días del pasado mes de abril son "exactos" y coinciden con la agenda que obra en su secretaría.

"Espero que se aclare y se esclarezcan hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en la responsabilidad que tenga cualquier persona y cualquier cargo público, ante estos hechos en relación al seguimiento que se me ha hecho y a cualquier otro que se haya realizado a cualquier persona", afirmó.

A juicio de Cobo, el seguimiento a su persona realizado por personas no pertenecientes en este momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como publica El País, o el realizado al vicepresidente regional, Ignacio González, o a cualquier otra persona, es "absolutamente ilegal".

El vicealcalde insistió en que "en un Estado de Derecho, solamente bajo la tutela del Poder Judicial y por personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pueden realizar actuaciones de seguimiento y vigilancia; y deben ser realizadas por personas en activo pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no por equipos parapoliciales", aclaró.

Cobo dijo con rotundidad que quiere saber quiénes son las personas que han realizado ese espionaje; si cobran una retribución pública y, de ser así, si la administración u organismo que les paga tiene competencias para hacer esos seguimientos; quién ha ordenado que se hagan esos seguimientos; a quién se les entregaban los informes elaborados y con qué fines, y para qué se querían utilizar esos datos.

"Todas estas preguntas tienen que quedar esclarecidas porque considero un hecho muy grave que se pueda estar en un Estado de Derecho en una situación parecida a aquellos países en los que la Justicia, el Poder Judicial, no es el que puede dirigir este tipo de seguimientos e investigaciones".

El vicealcalde, que se mostró seguro de que "todo el mundo va a colaborar" para que se esclarezca este asunto, porque "nadie desea que esté pasando en Madrid lo que el diario 'El País' está informando", mostró su esperanza en que estas prácticas se corten "de una forma inmediata" y "esto no vuelva a ocurrir con nadie".

LLAMADAS DE RAJOY Y DEL PP

Cobo indicó que no cree que todo este asunto tenga nada que ver con la polémica de Caja Madrid, y tampoco entró a opinar sobre si puede estar o no relacionado con guerras internas en el Gobierno regional o en el PP. "Me da igual y nos debe dar igual a todos", dijo el vicealcalde, quien insistió en que lo importante es la gravedad de los hechos. "Yo no lo relaciono con nada", agregó.

Señaló que esta mañana ha recibido llamadas de mucha gente de su partido, de Francisco Granados, Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y muchos otros, y que también tenía mensajes de Esperanza Aguirre, aunque no quiso entrar en detalles sobre los mismos.

Según Cobo, más que llamadas para respaldarle dentro del partido, han sido para "solidarizarse y escandalizarse", porque todos le han dicho que "esto es inadmisible en un Estado de Derecho, que esto no puede ser y no puede haber impunidad para estas cosas".

Cobo, que dijo no tener conocimiento de si otras personas del ayuntamiento, entre ellas el alcalde, han sido espiados, no quiso contestar a la pregunta sobre si el PP debería abrir una investigación interna sobre todo este asunto. Tampoco quiso entrar "en sospechas de unas personas o de otras" cuando se le preguntó si confía en que ni Granados ni Aguirre estén detrás de todo esto, porque "sería muy poco serio en un asunto que es muy serio".

Insistió en que no sabe quién está detrás del seguimiento a su persona o a la de Ignacio González, pero "yo creo que se tiene que aclarar y que la Fiscalía y la Administración de Justicia tienen que intervenir", porque si las personas que lo han hecho cobran dinero público, "en mi opinión, ya se está produciendo un delito".

El vicealcalde dijo que es "absolutamente imposible" que los datos publicados por "El País" sobre las horas y las salidas que realizó durante los días de abril en los que fue espiado hayan salido del propio ayuntamiento, porque el consistorio no realiza informes de ese tipo.