"Creemos que la lengua de signos es una cuestión de necesidad para las personas sordas", por lo que este texto supone "un primer paso y un avance importante en conseguir una sociedad igualitaria", declaró Amate a Servimedia.

Por este motivo, continuó la directora gerente de la CNSE, "estamos contentos de que se vayan dando pasos en la consecución de esta reivindicación y de este objetivo histórico de la confederación".

La futura ley, agregó, supondrá que las personas sordas españolas no se "sientan extranjeras en su propio país" al poder acceder, "de forma plena", a la información y a servicios básicos como la sanidad, la educación o la justicia.

No obstante, finalizó la directora gerente de la CNSE, la elaboración de la ley "es un primer paso; ahora nos queda otro segundo reto": aprobar la norma y cumplirla".

El proyecto garantiza el derecho a los servicios de un intérprete y de apoyo a la comunicación cuando el usuario lo precise para acceder a la formación, empleo, salud, cultura, deporte, ocio, transportes, relaciones con las administraciones públicas, participación política, medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.