Así lo señala la CNMC en su análisis del proyecto de real decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que desarrolla el régimen jurídico de las empresas públicas del Grupo Tragsa (Tragsa y Tragsatec).

Ambas entidades son dos de las empresas públicas más utilizadas por las administraciones para atender necesidades de bienes o servicios a través de encargos directos, sin acudir a procesos de licitación abiertos a otros competidores.

Según la CNMC, aunque estos encargos pueden estar justificados por motivos de interés general, como agilidad o flexibilidad, su uso inadecuado puede afectar a la competencia (reducción del mercado, fortalecimiento de la posición de operadores) y reducir la eficiencia en la gestión de fondos públicos.

Por ello, pide evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones. En lugar de ello, propone explorar alternativas como nuevos procesos de contratación con ajustes en su diseño o tramitación acelerada.

También demanda al Gobierno que se ajuste a la literalidad de la ley de contratos en cuanto a las finalidades y funciones recogidas en el objeto social del Grupo Tragsa y respecto de los encargos vinculados a situaciones de emergencia.

Asimismo, demanda ajustar los precios a los valores de mercado porque las retribuciones por los encargos deben evitar cualquier ventaja económica que pueda considerarse ayuda pública, y mayor transparencia a la hora de publicar la formalización de los encargos y documentos relacionados, como memorias justificativas.

Por último, exige limitar la contratación con terceros, ya que recuerda que los encargos solo deberían subcontratarse en casos excepcionales, debidamente justificados y publicados.