La declaración, que fue firmada por las autoridades de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco, vio la luz durante la celebración de las XIV Jornadas de Defensa de la Competencia, donde estos organismos mostraron su preocupación tanto ante la excesiva regulación como ante la falta de un marco normativo.

En este sentido, recordaron que el real Decreto-Ley 13/2018 modificó la regulación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y estableció que, a partir de octubre de 2022, las autorizaciones nacionales solo permitirían realizar servicios interurbanos, mientras que la regulación para los servicios de carácter urbano sería responsabilidad de las comunidades autónomas.

Ahora, mes y medio después de que el contenido del decreto comenzase a ser efectivo, la CNMC y algunas autoridades de competencia autonómicas muestran su preocupación por la imposición de “unas condiciones de difícil cumplimiento, que reducen el atractivo de estos servicios para los consumidores y lastran su competitividad frente al taxi”.

De forma contraria, también existe inquietud en las comunidades que no han regulado el sector, ya que “los operadores VTC se exponen a no poder prestar servicios urbanos”.

DECLARACIÓN

Ante esta situación, el grupo de trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia hizo un llamamiento a las autoridades competentes de las comunidades para que regulen “efectivamente” la prestación del servicio urbano de VTC en sus territorios.

Asimismo, recordaron que la adopción en la regulación de la actividad de cualquier “limitación o restricción que altere el funcionamiento del mercado debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.

Finalmente, subrayaron la conveniencia de que toda medida regulatoria o administrativa que pueda “restringir o limitar el acceso a un mercado o la capacidad de las empresas para competir en él” se someta a consulta previa de las autoridades de competencia.