La CNMC no había podido ejercer hasta ahora sus competencias en este ámbito, por faltar la metodología de cálculo del coste neto, aprobada en Consejo de Ministros en junio de 2021, según informa la comisión en un comunicado.

La cantidad de 141,8 millones de euros se liquida contra las cantidades recibidas a cuenta por Correos entre 2011 y 2020 por este mismo concepto. Es una cifra inferior en 16 millones a los 157,8 millones calculados por Correos.

El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional (la “carga financiera injusta”) que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público.

La CNMC tiene competencias para verificar el coste neto y determinar la carga financiera injusta del SPU desde la entrada en vigor de la Ley Postal en 2011. A pesar de ello, no ha podido ejercerlas durante más de 10 años por la citada falta de metodología hasta 2021.

La CNMC había sido crítica con el borrador de metodología que se le presentó en 2020 y recientemente recomendó revisarla, con vistas a las verificaciones a partir del ejercicio 2021.