La CNMC ha analizado el proyecto de real decreto que desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas en lo referido a la factura electrónica entre empresas y profesionales.

La Ley impulsa la facturación electrónica y obliga a expedir y remitir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales entre empresarios y autónomos.

El borrador de real decreto define los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas y los requisitos de seguridad, control y de estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.

La CNMC valora la iniciativa porque "supone reducir los costes de transacción, fomentar la digitalización de diversas áreas de negocio, incrementar la productividad y acceder a información fiable y sistemática de los plazos efectivos de pago".

No obstante, avisa de que "la solución pública de facturación electrónica podría distorsionar el mercado de soluciones informáticas, con riesgos difíciles de detectar", por ejemplo, que la Administración Tributaria pueda acceder a mejor información que los desarrolladores privados. Para Competencia, "debe acreditarse que es la alternativa idónea para responder a los principios de buena regulación y administración y que responde a las razones de interés público existentes".

El informe también apunta que para la interoperabilidad de los formatos de la factura electrónica debería valorarse la posibilidad de que, en caso de que se desarrollen sintaxis (presentes o futuras) que cumplan con los requisitos establecidos, también sean admitidas como sintaxis válidas directamente a través de un proceso de certificación, sin que tengan que aprobarse mediante una orden ministerial.