Estas dependencias, entre las que figuran estaciones, terminales de mercancías y talleres, pertenecen a Adif, Renfe y otras compañías, y su acceso está regulado por la Ley del Sector Ferroviario al ser esencial para el desarrollo de la actividad de transporte por tren de mercancías y viajeros.

La norma exige el acceso no discriminatorio a estos espacios, la transparencia de las condiciones de acceso y de prestación de los servicios, y la orientación de los precios al coste de prestación más un beneficio razonable, en el caso de los servicios básicos, y de los servicios complementarios y auxiliares cuando solo hay un posible prestador de los servicios.

Según informa la CNMC en un nota, la comunicación que se somete a consulta pública tiene por objeto dar transparencia y certidumbre a los explotadores de estas instalaciones y a los prestadores de estos servicios sobre los criterios para determinar los costes imputables a los servicios.

El documento también desarrolla el concepto de 'beneficio razonable', asimilándolo al coste medio ponderado del capital y establece una metodología para su cálculo, coherente con la aplicada por la CNMC en otros sectores bajo su supervisión.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 18 de abril.