Sonia Lamas, portavoz de Acai, aseguró en declaraciones a Servimedia que las autoridades municipales o autonómicas de las 33 ciudades en las que Acdp ha colocado sus carteles "tienen que actuar porque están en espacios públicos como las paradas de los autobuses, o en el metro y atentan contra el derecho del aborto, un derecho instalado en España desde hace 36 años".

También destacó el coste de la campaña, más de 250 carteles en 33 ciudades españolas como Madrid, Vitoria, Valencia, Alicante, Sevilla, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Murcia, Oviedo, Vigo, Valladolid, Santander o Salamanca, que "demuestra la gran capacidad inversora de esta asociación".

Pero lo que más preocupa a la portavoz de Acai es que esta campaña reactive las conductas violentas que "desde hace años sufren las mujeres que van a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, así como las profesionales que trabajan en las clínicas" y en vez de rezar se increpe, se hostigue y se intimide a las mujeres, pudiéndose producir situaciones peligrosas, como viene denunciado Acai desde hace tiempo.

"Las autoridades, sean del signo que sean, tienen que actuar ante esta campaña, impedir que se propague ese mensaje que se convierte en acoso contra las mujeres que quieren ejercer un derecho que tienen reconocido", concluyó Lamas.

Cabe recordar que la reforma del Código Penal recogerá un nuevo tipo delictivo que castigará el "hostigamiento" en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo con penas de hasta un año de cárcel.