Esta documentación fue solicitada por el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la reunión celebrada el pasado lunes con el equipo de Ciudadanos. El centro de la conversación giró sobre la situación y la calidad del Estado de Derecho en España, de cara al informe de Estado de Derecho sobre España que Reynders publicará el próximo 13 de julio.

En ese marco, Pagazaurtundua le envió un nuevo dosier con las decisiones, declaraciones, actos y comunicados oficiales emitidos por miembros del Gobierno de Cataluña, orientados “a evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales e impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la justicia”.

Asimismo, recoge las acciones del Govern para “obstaculizar” la plena ocupación de la planta judicial catalana para favorecer el “sometimiento” de los jueces al Ejecutivo regional, que ha dado lugar a “un aumento de traslados y menor demanda”.

Según Pagazaurtundua, este “conflicto” entre el Gobierno de Cataluña y el Poder Judicial ha generado un problema estructural y pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Ante ello, “lamentablemente el Gobierno nacional no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto”.

En este sentido, señaló que “declaraciones que alientan el desacato, cuando son hechas por miembro del Gobierno, suponen un ataque a la independencia judicial en tanto en cuanto conducen a hacer disminuir la confianza de la opinión pública en la justicia”.

INFORME

El informe se divide en tres apartados, la primera parte aborda el “desacato” a sentencias condenatorias en materia de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación en castellano, y la “ingeniería jurídica” para impedir su aplicación.

En una segunda parte, ofrece documentación sobre la “red” tejida por la Generalitat para buscar el “señalamiento y acoso” a los menores y familias que pretenden defender sus derechos, para que “desistan y no reclamen” la ejecución de las sentencias que les favorecen.

La tercera parte del informe analiza el “señalamiento” a jueces por parte del Govern, que busca el “sometimiento” de la Justicia y ha provocado con ello que la planta judicial catalana sea “deficitaria”.