Así se lo ha heho saber a los presidentes del Congreso, Federico Trillo, y del Senado, Juan Ignacio Barrero, en sendos encuentros mantenidos hoy, en los que les ha entregado una exposición en la que les explica los motivos de la renuncia de los vocales y la situación actual en la que queda el CGPJ.

En el escrito, Sala destaca que si ha aceptado ahora dichas dimisiones es porque, constituídas las Cortes, "existe ya la posibilidad constitucional y legal de que se proceda a la urgente renovación del Consejo", siguiendoel actual sistema de designación parlamentaria.

A su juicio, dicho sistema es el que "mejor responde al necesario anclaje con la legítima representación de la soberanía popular que debe tener, no un órgano que pueda representar mayoritariamente intereses profesionales o corporativos, por correctos y entendibles que puedan resultar, sino el órgano de gobierno de un poder del Estado, como es el poder judicial".

Tras recordar que ya pidió con insistencia la renovación del CGPJ en diversas ocasiones,destaca que "si se hubiera efectuado la renovación cuando procedía, el Consejo no habría padecido la situación de tensión", por lo que insiste en su urgencia.

Sala precisa que el estado en que ha quedado el CGPJ como consecuencia de estas circunstancias está unido al "clima general más que tenso" en que, a su juicio, "se ha desenvuelto la vida política e institucional últimamente y, de modo especial, durante el año pasado" y que también se instaló en ese organismo.

En su opinión, para resistir es clima "hubiera sido necesaria la más firme unión de defensa institucional de sus componentes y, sobre todo, una reiteración de la práctica de consenso y acuerdo que tantos beneficios dió a su credibilidad a lo largo de los cuatro cumplidos años anteriores, en vez de la ruptura iniciada con la baja en el consejo de tres de sus vocales durante el primer cuatrimestre de 1995".

Este modo de proceder y sus resultados, continúa, suscitaron "perplejidades de determinadas instancias y de interesados sectoresde opinión, al parecer deseosos de destacar, no un funcionamiento generalmente cohesionado del órgano de Gobierno del poder judicial, sino sólo el aspecto de confrontación o, más claramente, de separación del mismo en bloques supuestamente formados en función de la inicial propuesta parlamentaria de cada uno de sus miembros".

Este último aspecto ha servido, en su opinión, de constante argumento para deslegitimar la designación parlamentaria de los vocales, "como si en un régimen de libertades no se puiera -debiera, digo yo- tener ideología y ser, al tiempo, rabiosamente independiente".

En su exposición, Sala también arremete contra quienes considerarn que la permanencia en el consejo de Pascual Estevill "no tenía otra razón de ser que lo decisivo de su voto para producir determinados nombramientos en el Tribunal Supremo" y, en concreto, en la Sala Segunda que deberá juzgar el 'caso GAL'.

En este sentido, afirma que se niega "terminantemente a aceptar esa especie por la carga de iniquidad e inignidad que supondría para quienes pudieran ser destinatarios de la atribución de ese espurio designio, que no puedo siquiera imaginar en un miembro del consejo".

Agrega que, sin embargo, "la especie ha sido difundida y la sombra de sospecha ha sido real, con el daño que ello puede haber implicado tanto para el consejo, como para la alta función jurisdiccional que el Tribunal Supremo desempeña".

"Es cierto que la dignidad de aquél y de los magistrados de éste, por fortuna, está por encima de torcdas e interesadas interpretaciones, pero no lo es menos que, según mi criterio, hubiese debido prevalecer e imponerse al consenso y el entendimiento en torno a personas -que las había- que ya habían obtenido votaciones unánimes de este mismo consejo al ser promocionadas a los más altos puestos de la magistratura. No fue así y, por desgracia, prevaleció la imagen y la realidad de ruptura y confrontación", añade.

Por ello, señala que entiende los fundamentos de las renuncias "que se refieren todas a esaquiebra irreparable de las condiciones elementales de confianza y lealtad recíprocas, imprescindibles entre quienes forman parte de un colegio".

Finalmente, puntualiza que el cese de los dimisionarios "para nada tiene que afectar al correcto funcionamiento del consejo, sus servicios y sus órganos de apoyo durante un periodo que, por necesidad y conforme ha sido antes razonado, no puede ni debe ser dilatado más de lo estrictamente necesario".