En un comunicado oficial, el máximo organismo judicial puntualiza que la concesión del tercer grado de tratamiento y la libertad condicional al procesado, que fue condenado a 1903 años de prisión, se produjo "de conformidad con las leyes penales y penitenciarias".

Tras recordar que la legislación penal española tiene como límite el cumplimiento de 30 años de prisión, el texto insiste en que las medidas de libertad para el interno fueronadoptadas mediante sendas resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, que contaron con informes favorables previos de los equipos de tratamiento, Junta de Régimen y Administración y Central de Observación penitenciarios.

Asimismo, el Consejo subraya que "carecen de fundamento" las noticias que afirman que la Audiencia Nacional demoró la resolución del recurso interpuesto por el ministerio fiscal contra la decisión del juez de vigilancia que concedió la libertad condicional.

La nota indica a este respecto que la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado mes de febrero el auto del juez penitenciario, dictado cinco meses antes.

Respecto a las informaciones que destacaron que García Juliá participó en el secuestro de un director del centro penitenciario donde se encontraba interno, señala que este comportamiento "mereció en su día la sanción disciplinaria correspondiente y determinó que durante 11 años el preso no disfrutase de benefcio penitenciario alguno".

El comunicado concluye manifestando la preocupación del Consejo por la interpretación que se da a las actuaciones judiciales, pero insiste en que este organismo "vela y seguirá velando por el escrupuloso cumplimiento de la misión constitucional encomendada a jueces y magistrados" y reitera su "total disposición para colaborar con los medios de comunicación social en su tarea informativa".