La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó esta tarde en rueda prensa que el primer punto que tratarán los vocales en el Pleno extraordinario será precisamente determinar si les corresponde a ellos decidir si los magistrados tienen derecho a la huelga o si, por el contrario, debe ser el Ministerio de Justicia quien valore este extremo.

La fecha de este Pleno extraordinario, el primero en la historia del CGPJ en el que se deliberará sobre el derecho a la huelga de los jueces, todavía está por fijar. Bravo señaló que las dos fechas que se barajan son el próximo jueves o el lunes 9 de febrero, dependiendo de la agenda de los vocales.

Si finalmente los vocales llegan a la conclusión que son ellos los competentes para decidir sobre el derecho a la huelga y, posteriormente, establecen que la Constitución también reconoce este derecho para los jueces, el CGPJ deberá, además, entrar a valorar si son ellos quienes deben fijar los servicios mínimos para las jornadas de paro.

"El Consejo deberá decidir si es competente para decidir y, si es así, si procede o no procede", señaló Bravo tras reunirse con las asociciones de jueces.

La decisión de convocar un Pleno extraordinario se produce después de que las juntas de jueces de Tarragona y de Las Palmas, que han constituido sendos comités de huelga para preparar los paros del próximo 18 de febrero, mandaran un escrito al CGPJ en el que solicitaban que fijase los servicios mínimos para la jornada.

La portavoz del máximo órgano de Gobierno de los jueces volvió a reiterar que la opinión del Consejo es que "no es el momento de una huelga" ya que el proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia "continúa abierto" y porque se está trabajando para conseguir una administración "ágil, avanzada y moderna".

Además, preguntada sobre si el Consejo tiene pensado sancionar a aquellos jueces que finalmente decidan no trabajar el 18 de febrero para ir a la huelga, la portavoz señaló que "las decisiones se van a adoptar sobre cada caso concreto".

Por último, Bravo explicó que en la reunión mantenida hoy con las asociaciones se les ha dado traslado de los avances llevados a cabo por el CGPJ en materia de carga de trabajo, reformas legislativas para anular el traslado por ascenso forzoso, así como otras de las cuestiones que conforman las reivindicaciones "legítimas", según dijo la portavoz, de la carrera judicial.

CRÍTICAS ENTRE ASOCIACIONES

Por otro lado, entre las cuatro asociaciones judiciales, que estuvieron presentes en la reunión con el Consejo, reinaba hoy la división después de que el pasado viernes la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independendiente (FJI), entre las que suman cerca de 700 afiliados, rompieran su pacto con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) y anunciaran su decisión de apoyar la huelga del 18 de febrero.

Esta decisión unilateral ha generado malestar entre las asociaciones. El representante de la APM, José López García, reprochó a AJFV y FJI el "haberse apartado si consultarlo" del acuerdo alcanzado entre las cuatro asociaciones, que fijaba un listado de reinvidicaciones y que propuso sustituir la jornada de huelga del 18 de febrero por varios actos de protesta de menor intensidad.

"Se han apartado del acuerdo sin que exista una causa que lo justifique", dijo el representante de la APM.

Por su parte, Alicia Millán, representate de Jpd, criticó que las dos asociaciones disidentes "sin mediar explicación, hayan roto el acuerdo, nosotros mantendremos nuestra estrategia". Aún así, Millán aseguró que JpD "defenderá a cualquier compañero que decida ir a la huelga".

Mientras tanto, los representantes de AJFV y FJI se defendieron y explicaron que su decisión de romper la unidad de acción entre asociaciones y apoyar la huelga del 18 de febrero se debe a la falta de compromiso real del Ministerio de Justicia para dar respuesta a las demandas de mejora de la carrera judicial.

"Es la actitud del Ministerio de Justicia la que nos ha llevado a la huelga", señaló Conrado Gallardo, presidente del FJI, quien añadió que en el proceso de negociación "el clima de diáologo lo ha aportado el Consejo y no el Ministerio".

Mientras tanto, el presidente de la AJFV, Marcelino Sexmero, dijo que "el Ministerio, que es quien tiene que solucionar esto, no ha dado ninguna señal de avance y no ha mostrado ninguna voluntad negociadora", por lo que explicó que se vieron forzados a adoptar "esta medida de presión".

Aún así, desde esta dos asociaciones se dejó la puerta abierta a reconsiderar su posición y desconvocar la huelga si desde el departamento de Mariano Fernández Bermejo se pone "un plan concreto sobre la mesa" para dar respuesta a las reivindicaciones así como "unos plazos para darle cumplimiento".