En un escrito registrado el pasado lunes, el magistrado se refería concretamente a unas manifestaciones del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio, y a otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa.

Según García-Castellón, de las declaraciones de ambos cabe deducir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de “inquietarle” o “perturbarle” en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El acuerdo de la Comisión Permanente señala que ya en reiteradas ocasiones el CGPJ ha afirmado que la concesión del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, alcancen virtualidad suficiente como para lograr la “perturbación de la independencia judicial”.

En el presente caso, añade la Permanente, “del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse ab initio que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”, por lo que acuerda admitirla y da un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El acuerdo de admisión ha sido aprobado con los votos a favor del presidente sustituto del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

La vocal Mar Cabrejas ha justificado su voto en un escrito en el que explica que en su opinión en el presente caso no concurren los requisitos para la admisión a trámite de la petición de amparo: que las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que además influyan en el proceso de toma de decisiones judiciales.

No obstante, ha propuesto que la Comisión Permanente adoptara una declaración en la que se pusiera de manifiesto que las declaraciones puestas en conocimiento del CGPJ por García-Castellón “resultan inadmisibles y han de calificarse en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de responsables públicos y políticos adquieren perfiles de especial gravedad”.